Una Suprema Corte ante su irrelevancia | Opinión

Entre la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de antes y después de la reforma existen varias e importantes diferencias constitucionales. La de entonces no se encontraba sometida a las determinaciones de ningún otro órgano judicial, mientras que la de ahora lo está a las del Tribunal de Disciplina Judicial y a las del Órgano de Administración Judicial. Es por ello que, tanto la vigilancia de los ministros y sus colaboradores, como la elaboración y ejecución de su presupuesto, ya no son de su competencia. Estas acotaciones, desde luego, no son responsabilidad de los actuales integrantes de la SCJ, sino de los legisladores federales y locales que aprobaron la reforma constitucional.En rigor, tampoco es de su completa responsabilidad el mal ambiente que en el país se ha generado en torno a la actividad de los juzgadores. Ni los ministros ni otros funcionarios judiciales eligieron ni el sistema ni las modalidades electorales, más allá de que hayan decidido participar en los procesos y someterse a sus reglas. La pérdida de confiabilidad producida por la reforma, las elecciones, los acordeones y las penosas validaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son algo que, al menos directamente, les pueda ser atribuido ni reprochado. Sin embargo, y por ser ya juzgadores en ejercicio, habrán de cargar con las consecuencias de ello.La desconfianza en la judicatura nacional en general y en la SCJ en lo particular, habrá de provocar distintos efectos sobre sus quehaceres jurisdiccionales, es decir, sobre la esencia misma de su función. De antemano sé que habrá quien sostenga que las partes en los litigios no cuentan con la capacidad de elegir las condiciones de jurisdicción, en tanto estas se encuentran previstas en la Constitución y las leyes. A este inicial reproche es posible oponer algunas consideraciones. En primer lugar, que las partes con mayores capacidades económicas e informativas pueden extraer sus asuntos de los tribunales para colocarlos en instancias arbitrales nacionales o internacionales. En segundo lugar, que esas u otras partes pueden apelar a mediaciones o conciliaciones para evitar litigios ante los jueces mexicanos. En tercer lugar, que las estrategias construidas por los abogados pueden concentrarse más en la legalidad que en la constitucionalidad para no tener que acudir a la SCJ.Después de casi cinco meses de actividades, existen un conjunto de signos que, aunados a los factores estructurales y competenciales que en rigor no son de la responsabilidad de la SCJ, sí son atribuibles a sus actuales integrantes y justifican la desconfianza hacia sus personas y quehaceres. Por una parte, los ministros han abonado a esta condición con sus erráticos actuares en las sesiones públicas. Confusiones, desconocimientos y vanidades, han puesto de manifiesto sus límites e incapacidades. Por otra parte, los modos de argumentación en favor del actual y del anterior gobierno, así como del partido político que los sustenta, han evidenciado sus abiertos compromisos ideológicos o de otros tipos. Además, los análisis hechos sobre sus decisiones han mostrado la altísima prevalencia de las posiciones gubernamentales y partidistas frente a las ciudadanas.Sumemos los vicios de origen de la reforma judicial, las condiciones negativas de la elección de los ministros de la SCJ, la pérdida de competencias de la SCJ en favor de otros órganos del Poder Judicial de la Federación, el contexto de desconfianza hacia la función jurisdiccional como conjunto y de la SCJ como órgano específico, las muestras de incapacidad o improvisación de muchos de sus integrantes, el sesgo de las decisiones en favor del gobierno y de Morena, así como la posibilidad de que diversos actores dejen de acudir a ella como instancia de resolución de sus conflictos. El resultado de todo ello es la real posibilidad de que el máximo órgano de impartición de justicia del Estado mexicano termine siendo irrelevante. Si esta condición finalmente se produce, será para mal de una población a la que le urge la imposición de la racionalidad jurídico-democrática frente a los caprichos de los gobernantes, las voluntades de distintos actores económicos y las decisiones de los delincuentes. @JRCossio