Suiza votará en referéndum una iniciativa antiinmigración de la derecha populista para limitar la población a 10 millones | Internacional

Suiza no escapa a la corriente antiinmigración que recorre Europa. Sus ciudadanos votarán en junio una iniciativa de la derecha populista que pretende limitar la entrada de extranjeros y el asilo para que la población del pequeño país alpino no supere los 10 millones de habitantes antes de 2050. El Partido Popular Suizo (SVP/UDC, en sus siglas en alemán y francés) ha lanzado en las últimas décadas varias propuestas para frenar la inmigración y el asilo, uno de los pilares de su ideario político. Como en otras ocasiones, la iniciativa apunta en última instancia al acuerdo de libre circulación de personas que mantiene con la Unión Europea, ya que el texto que lleva a las urnas prevé que se anule ese pacto si no se logra una renegociación de las condiciones de entrada de extranjeros y se supera durante dos años el tope de los 10 millones de habitantes. En Suiza viven actualmente 9,05 millones de personas, de las cuales una cuarta parte son extranjeras, principalmente de países de la UE (Italia, Alemania, Portugal y Francia).El PP suizo, que se caracteriza también por su nacionalismo y es contrario a una profundización de los lazos con la UE, con la que el país tiene numerosos acuerdos que facilitan a la república helvética el acceso al mercado común, argumenta que la inmigración ha conducido a una escasez de viviendas, ha puesto las infraestructuras “al límite”, aumenta los costes de la sanidad, causa problemas en las escuelas y “dispara” los costes sociales. También achaca a la inmigración un mayor nivel de inseguridad.El Consejo Federal (Gobierno de siete miembros de los principales partidos) rechaza la iniciativa de los populares y no presentará a votación una contrapropuesta. En un debate parlamentario a finales del año pasado, el consejero federal Beat Jans, con las competencias de inmigración, afirmó tajante: “La iniciativa no resuelve ningún problema, sino que crea otros nuevos”. Y subrayó: “La inmigración es importante para nuestra prosperidad”.También lo ven así los socialistas (SP), que rechazan la propuesta por “absurda y perjudicial” para Suiza, y ponen el acento en el reforzamiento de las medidas de integración, conscientes de que el asunto preocupa a una parte de la población. Aunque la campaña por esta votación aún no ha entrado en su punto álgido, varias encuestas citadas por medios suizos le dan posibilidades de aceptación en las urnas en junio. En 2014, los votantes ya aprobaron con un estrecho margen una iniciativa de los populares para imponer cuotas de entrada a los europeos. Para evitar la ruptura con la UE, el Parlamento adoptó medidas internas en el mercado laboral.Frente a la iniciativa de los populares, que son el grupo mayoritario en el Parlamento, se sitúan también los liberales y verdes liberales. El partido Centro (Mitte) presentó a los diputados una contrapropuesta que introdujera mayor control en la inmigración sin poner en peligro el acuerdo de libre circulación con la UE, pero su intento fue rechazado. La patronal Economiesuisse, junto a otra federación empresarial, tilda la medida del PP suizo directamente de “iniciativa del caos” y destaca que pone en riesgo los acuerdos bilaterales con la UE. Además, enfatiza que el país seguirá dependiendo en el futuro de la entrada de mano de obra, que ha sido esencial en su crecimiento económico. La iniciativa “pone en riesgo la seguridad y el bienestar de Suiza”, dice un comunicado de las patronales. Al mismo tiempo, reconoce que “las preocupaciones de la población en torno a la inmigración deben tomarse en serio. Se necesitan medidas adecuadas para aumentar la productividad, aprovechar mejor el potencial de la mano de obra nacional y adoptar medidas específicas en materia de política de asilo, vivienda e infraestructuras”, concluyen. La población de Suiza se ha multiplicado por 2,7 entre 1900 y 2023, según datos de la Administración federal. El tope de 10 millones que esgrimen los populistas se podría alcanzar ya entre 2034 y 2042, en función de los diversos escenarios de crecimiento. La iniciativa prevé que ya empiecen a tomarse medidas contra la entrada de extranjeros cuando la población supere los 9,5 millones, entre ellas que las personas admitidas provisionalmente no obtengan permisos de residencia “ni ningún otro derecho de permanencia”.Según apuntaba el Gobierno federal en un comunicado en agosto pasado, “el descenso de la inmigración observado desde 2024 continuó durante el primer semestre de 2025”. Entre enero y finales de junio de 2025, la inmigración (76.332 personas) se redujo un 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Tras el parón de la pandemia, el saldo migratorio volvió a crecer temporalmente hasta las 68.800 personas en 2022 (frente a 53.800 en 2020, según datos oficiales).