La Sociedad de Activos Especiales (SAE) denunció que contratistas públicos vinculados a la Personería de Barranquilla y familiares de un señalado líder criminal, habrían impedido la diligencia de desalojo de personal no autorizado, en el predio Villa Laurita, ubicado en el corregimiento de Caracolí, municipio de Malambo (Atlántico).Se supone que el inmueble, de aproximadamente 28 hectáreas, se encuentra bajo administración de la SAE desde el 23 de marzo de 2023, tras ser declarado en extinción de dominio por un fallo judicial. La idea era tomar posesión plena del bien, pero, al parecer, fue imposible.“Al momento de llegar a la propiedad, se evidenció que se encontraba ocupado por el núcleo familiar en primer grado de consanguinidad de alias ‘Portafolio’, quienes manifestaron ser población desplazada”, explicó la SAE en un comunicado.Fallida diligencia de desalojo en el predio que era de alias ‘Portafolio’. Foto:SAEEl predio, justamente, había sido extinguido a Omar Alexander Ladino, alias ‘Portafolio’, señalado por la Fiscalía como líder financiero de la estructura criminal “Los Costeños”, investigado por delitos como despojo forzado, enriquecimiento ilícito y otros vinculados al crimen organizado.Alias ‘Portafolio’ fue enviado a prisión en diciembre de 2023, por orden de un juez de Barranquilla, que avaló la tesis del ente investigador de que podría ser despojador de tierras en Antioquia, Atlántico y Córdoba. Actualmente, se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos por otros delitos.Alias Portafolio, al momento de su captura en 2023. Foto:Policía NacionalLa SAE aseguró que, ante la negativa de los ciudadanos hallados al interior del bien, la diligencia tuvo que ser reprogramada, mientras se realiza la debida caracterización de los ocupantes, según dicta la normativa vigente.Asimismo, la entidad informó que durante el procedimiento se detectó la intervención de un contratista de la Personería de Barranquilla, quien, dicen, actuaba como defensor de los ocupantes denominados irregulares.“La SAE rechaza cualquier tipo de intervención indebida de contratistas o servidores públicos que pueda obstaculizar el cumplimiento de la ley o favorecer la ocupación irregular de bienes administrados por la entidad”, concluyó la SAE.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA