Corrigió la Corte Constitucional la decisión de uno de sus magistrados que pretendía privar a la democracia colombiana de uno de sus más importantes debates político-jurídicos de las últimas décadas: la constitucionalidad y legitimidad del ‘decretazo’ de la consulta popular, fallido al final, pero sin duda encarnación de uno de los momentos de mayor tensión institucional en este 2025. LEA TAMBIÉN En julio, en una de sus primeras actuaciones como nuevo miembro de la Corte, Héctor Carvajal (quien fue abogado del Presidente hasta su postulación a la magistratura), rechazó de plano el estudio de una serie de demandas contra el ‘decretazo’, con dos argumentos principales. El primero, que era otro alto tribunal, el Consejo de Estado, el competente para determinar la legalidad del decreto con el que el Gobierno pretendió “saltarse” al Congreso en la convocatoria de un mecanismo de participación popular. Y segundo, que como finalmente el ‘decretazo’ no prosperó, no era necesario que la Corte Constitucional se desgastara en el análisis de un hecho superado.Fue una decisión polémica –‘jugadita’, para algunos– porque, en la práctica, con argumentos debatibles sí, pero jurídicamente presentables, el gobierno del presidente Petro parecía salvarse de un escenario complejo. Y es que no solo corre el riesgo de que el guardián de la Constitución del 91 declare que violentó abiertamente lo establecido por el constituyente en lo que toca a la separación de poderes y el apego a los ritos de la democracia para convocar a un mecanismo de consulta al pueblo. También está abierta la posibilidad de que un pronunciamiento de la Corte en ese sentido derive en procesos penales y disciplinarios contra los ministros firmantes de ese decreto, que actuaron a sabiendas de que la fórmula que en su momento sacó del cubilete Eduardo Montealegre se alejaba claramente de lo establecido en la ley y en la carta magna. Y, sin embargo, firmaron. LEA TAMBIÉN Ahora, la Sala Plena de la Corte le ha ordenado al magistrado Carvajal que rectifique su auto de julio y proceda a darles trámite a las demandas. La Corte dice que, sin desconocer la competencia del Consejo de Estado sobre los decretos y otras actuaciones administrativas del Ejecutivo, mantiene las competencias propias para revisar el atajo jurídico que tomó el Gobierno para intentar revivir una consulta popular a la que el Senado ya había dicho ‘no’.Y sobre el hecho superado, la supuesta “carencia de objeto” para que la Corte se pronunciara, planteada por Carvajal, los magistrados hacen una advertencia fundamental: que no puede prosperar una tesis semejante “cuando la abstención del juez constitucional podría traducirse en una erosión de la supremacía de la carta”. Decisiones de fondo tanto de la Corte como del Consejo de Estado sobre el ‘decretazo’, que ya quedan para el 2026, son necesarias para la buena salud de nuestra democracia. Y es que en esa oportunidad las reiteradas amenazas del Ejecutivo sobre su intención de desconocer los caminos marcados por la carta política para acudir a lo que llama ‘el pueblo’ se materializaron. Fue solo la férrea respuesta de la institucionalidad la que logró atajar el peligroso infundio con el que el Gobierno intentó, en una sola jugada, desconocer tanto al Congreso como a la Rama Judicial (a la que suplantaba decretando él mismo una supuesta excepción de inconstitucionalidad sobre el ‘no’ del Senado a la consulta). LEA TAMBIÉN Es un debate plenamente vigente. Más ahora, cuando de nuevo parecen cobrar fuerza ideas de torcer mecanismos constitucionales para tratar de desconocer decisiones soberanas de otras ramas del poder, a sabiendas de que esos atajos no aguantan el análisis de una corte, pero tratando de aprovechar el momento mientras llegan los fallos. Que es lo que pasaría con una supuesta declaración de emergencia económica, no por una causa insuperable o sobreviniente, sino por el simple hundimiento de la reforma tributaria.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET