Las frases más duras del Tribunal de Bogotá contra los exministros Bonilla y Velasco por el caso UNGRD
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La magistrada Aura Alexandra Rosero envió a la cárcel a los dos exfuncionarios, presuntas cabezas del entramado corrupto.Imputación contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD. Foto: Archivo particularPERIODISTA JUDICIAL18.12.2025 18:52 Actualizado: 18.12.2025 18:52 18.12.2025 18:52 Actualizado: 18.12.2025 18:52
La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción la UNGRD. La decisión marca un hecho importante en el caso, ya que no se había ordenado la prisión para alguien del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro.Velasco y Bonilla habrían sido las cabezas del “pacto criminal” que describió la fiscal María Cristina Patiño en las audiencias, en las que anotó que ambos habrían intentado corromper al Congreso para pasar las reformas sociales del Ejecutivo. A cambio de sumar apoyos, habrían ofrecido 79 proyectos de la UNGRD e Invías por más de medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron.El pasado lunes, las defensas de Bonilla y Velasco alcanzaron a sustentar por qué sus clientes son inocentes y no deberían ir a la casa por cárcel que pedía la Fiscalía. No obstante, la magistrada Rosero encontró argumentos de fondo de por qué es necesario no solo imponer una domiciliaria, sino detenerlos en un centro carcelario. Imputación contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD. Foto:Archivo particularPara la jurista, el envío a prisión es una medida idónea, necesaria y proporcional para los dos imputados. “No se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”, dijo Rosero.En la lectura de la decisión, la magistrada hizo otras afirmaciones sobre la gravedad de este caso y la supuesta alianza entre Bonilla y Velasco para corromper la contratación de la UNGRD e Invías.Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Foto:Mauricio Moreno/El TiempoLas frases de la magistrada”Los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.”Del examen detallado de los elementos relacionados por la Fiscalía se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron a través de terceros un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la UNGRD y el Invías, con el propósito específico de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley, de operaciones de crédito público valiéndose de recursos del erario”.”La sala no comparte los argumentos por la bancada defensiva, en torno a la supuesta inexistencia del delito concierto, en tanto se fundamenta en una lectura fragmentada y descontextualizada del acerbo probatorio, que desconoce el enfoque integral y relacional con el cual debe evaluarse la inferencia razonable exigida en esta etapa”.Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Luis Fernando Velasco, exministro. Foto:Archivo particular”Contrario a lo sostenido por los defensores, la imputación fiscal no se identifica como actos administrativos aislados, neutrales o carentes de contenido penal, sino sobre un conjunto sistemático y reiterado y funcionalmente articulado de comportamientos desplegados en el tiempo, que permiten inferir razonablemente la existencia de un acuerdo previo, consciente, estable, orientado a la comisión de delitos contra la administración pública”.”Así, la Fiscalía acreditó más allá de un mero antecedente causal la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, en tanto los imputados desde su posición funcional, jerárquica, instrumentalizaron la función administrativa y presupuestal para fines ajenos al interés público, alterando deliberadamente la independencia del Congreso y pervirtiendo la contratación estatal como un mecanismo de intercambio político, lo cual excede por completo el ámbito de la interlocución institucional legítima”.”Tampoco resulta entendible el argumento defensivo según el cual el eventual direccionamiento contractual habría sido decidido de manera autónoma y posterior por funcionarios de la UNGRD. Por el contrario, los elementos recaudados: interrogatorio, registro de comunicaciones, informes de policía, documentación técnica, permite inferir que dichas actuaciones respondieron a un plan plenamente concertado con división de roles, en el que los directivos de la UNGRD ejecutaron materialmente las directrices trazadas desde los niveles superiores del Ejecutivo, lo que descarta cualquier ruptura del nexo de imputación objetiva”.Mazo de juez. Foto:CEET”La sala advierte que la conducta atribuida sí afecta de manera directa la seguridad pública y la tranquilidad colectiva, en la medida que la utilización sistemática de entidades estatales como una caja menor para la compra de apoyos legislativos, socava la legitimidad del sistema democrático, desnaturaliza el proceso de formación de la ley, y compromete gravemente la confianza ciudadana en las instituciones, tal y como la reconocido de manera reiterada la jurisprudencia penal y constitucional”.”Todo responde a una misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el Legislativo”.Luis Fernando Velasco, exministro. Foto:Milton Diaz / El Tiempo”Tampoco resulta entendible el argumento según el cual la ausencia de órdenes explícitas o instrucciones directas atribuibles al ministro Velasco excluya su responsabilidad. La jurisprudencia ha reiterado que en delitos de corrupción de alto nivel, las directrices no se transmiten de manera abierta ni formal, sino a través de mecanismos indirectos, funcionales, precisamente para evitar trazabilidades evidentes”.Carlos López y Juan Diego Torres – Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
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