A Iris Marín no le ha tocado fácil. Se posesionó como la primera mujer defensora del Pueblo el 2 de septiembre de 2024, un año que cerró con las cifras desbordadas de reclutamiento (+20 %), desplazamiento (+66 %) y con ocho focos del conflicto activos, según el último informe de la CIDH. En enero de 2025, otro golpe. El país enfrentó la escalada violenta de los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, que desató la peor emergencia humanitaria en décadas y llevó a la declaratoria del estado de conmoción interior en la región.La Defensoría del Pueblo atiende varias labores de carácter humanitario. Foto:Archivo EL TIEMPO64.783 personas fueron desplazadas forzosamente, 12.913 quedaron confinadas y se registraron 117 homicidios en los municipios de Tibú, El Tarra, Concepción y Sardinata, convertidos en campo de batalla de los grupos ilegales por el control territorial y, sobre todo, por las rentas ilícitas del mayor enclave cocalero del país y de la minería ilegal de carbón.Allí estuvo la Defensora, junto con otras cabezas de entidades del país, traduciendo en cifras y en alertas las realidades de hombres, mujeres y niños que durante semanas tuvieron que acomodarse en refugios y albergues improvisados. Una situación que los expuso a otra serie de riesgos: desescolarización, violencias sexuales y reproductivas, e incluso a convertirse en blanco de redes de trata.Este ha sido otro componente de su defensa de los derechos humanos, el enfoque de género inmerso en cada una de las delegadas, ahondando en las amenazas diferenciales que enfrentan las mujeres en cada uno de los escenarios de violencia y desprotección. Precisamente, una de las primeras posturas que asumió y que sentó un precedente en la entidad frente a casos públicos de denuncias de acoso machista fue cuando cuestionó el nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia.Gustavo Petro, presidente de la República, e Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto:Presidencia de la República / JEP“Me pregunto: ¿cuál es el mensaje que quiere mandar el presidente Petro a la sociedad cuando insiste en ubicar a hombres con denuncias creíbles de violencia de género en cargos de su confianza?”, dijo en junio pasado.También expresó públicamente la inconveniencia del aterrizaje del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en el gabinete, por la fractura que produjo en el Ejecutivo. Y rechazó tajantemente la posible designación —que nunca se concretó— de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, en medio de una fuerte polémica por señalamientos de violencia sexual. LEA TAMBIÉN “Es una Defensora que ha tocado varios temas a los que la misma Defensoría no les daba la preponderancia. Ha estado en la región, ha estado en las comunidades. Además, es la primera defensora mujer, lo cual es importante porque ha incluido el tema de género en todas los asuntos de la entidad. Ha respetado la Constitución y en ese sentido genera tranquilidad jurídica y confianza para las organizaciones sociales. Hoy la Defensoría, de lejos, es la institución más respetada y querida por las comunidades”, le dijo a este diario el director de Indepaz, Leonardo González.De hecho, la Defensoría del Pueblo es la entidad con mayor presencia regional, lo que la convierte en la voz de las comunidades para llevar sus demandas al nivel central. Y, en el último año, ha sido testigo del recrudecimiento del conflicto armado, el fraccionamiento de los grupos, la gobernanza criminal y el sometimiento de la población civil. Estas situaciones han sido consignadas oportunamente en las alertas tempranas, con las que se exhorta al Gobierno a tomar medidas. Sin embargo, al no tener su omisión un efecto sancionatorio, la mayoría de las veces quedan en el papel.”La postura de Iris Marín ha sido sensata y firme, siempre priorizando el respeto por los derechos humanos, incluso en las mesas de diálogo en el marco de la ‘paz total'”, agregó González. En julio pasado, la Defensoría rindió concepto desfavorable a la polémica ley de sometimiento de bandas criminales, una iniciativa del Gobierno que ofrecía gabelas jurídicas a capos para el desmantelamiento de estructuras.La Defensora cuestionó la falta de concertación con las víctimas, así como el mensaje político y la “inconstitucionalidad” de dar segundas oportunidades a desertores de antiguos procesos de paz.La defensora del Pueblo, Iris Marín, en una visita en el Catatumbo Foto:CatatumboTambién ha pedido que en las mesas de diálogo con los grupos armados, en el marco de la paz total, se condicione el cese al fuego al fin de las hostilidades y el reclutamiento de menores de edad.”La Defensoría está en un muy buen momento, respondiendo a una enorme cantidad de desafíos en la garantía de derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Ha sido una voz que ha anticipado la posible ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos y ha acompañado las coyunturas críticas. Lamento muchísimo que sus capacidades estén en jaque por los temas presupuestales, cuando deberían, por el contrario, incrementarse, dada su importancia y presencia regional”, señaló Diego Arias, analista del conflicto.Laura Bonilla, subdirectora de Pares, se suma al reconocimiento del trabajo de Marín durante su primer año de mandato. “Volvió a poner la protección de la población civil y los DD. HH. en el centro de la agenda pública y le inyectó fuerza al sistema de alertas tempranas. Por último, ha sido ingrata con el Congreso, y eso es sumamente positivo para la Defensoría y para el país, porque en este caso no ha hecho nombramientos políticos de pago a quienes la eligieron”.#Colombiaen5minutos Foto:Su último pronunciamiento en defensa de la paridad de género en la elección de magistrado de la Corte Constitucional desentonó en algunos sectores, pues la única ternada era la jurista María Patricia Balanta, quien contó con el apoyo del oficialismo. Por esta razón, la alinearon con ese bloque.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
