Firmó pagarés a contratistas con historial de incumplimientos y esquilmó más de 2.000 millones en convenios para obras de servicios públicos en los municipios con mayores necesidades del Chocó. Esa es la esencia de la acusación de la Corte Suprema en uno de los cuatro procesos que tiene abiertos el exgobernador Johany Palacios, del ala política del corrupto exrepresentante Nilton Córdoba, quien fue condenado por su papel en el ‘Cartel de la Toga’.Hoy Palacios es representante a la Cámara por el Chocó, avalado por el Partido Liberal, y uno de los aforados con más investigaciones. Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPOLos cargos por los que tendrá que responder son peculado a favor de terceros y prevaricato, al ser la cabeza de al menos tres contratos que no cumplieron los objetivos para los que fueron suscritos: llevar gas natural a los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto.La administración de Palacios, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, incurrió en “una pluralidad de conductas” en la ejecución del contrato con la Universal de Servicios Públicos S.A, pactado en la gobernación de Efrén Palacios Serna, en 2014.El objeto era “desarrollar el proyecto de construcción del sistema de masificación de gas natural en los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto – Chocó Occidente”, por un valor total de 16 mil millones de pesos, plata que salió del Sistema General de Regalías, y un aporte de 150 millones del contratista. De este convenio se le acusa a Palacios haberse apropiado recursos públicos a favor de terceros, pues firmó dos resoluciones, una en abril de 2016 y otra en noviembre de ese año, en las que ordenó el pago total de 1.339 millones de pesos de anticipo, pese a los incumplimientos de la compañía. Según el dosier contra el gobernador Palacios, las actas de avance parcial que soportaron las resoluciones contenían información falsa, pues reportaban obras no ejecutadas y otras que no cumplían con las especificaciones técnicas aprobadas por el OCAD Regional. Además, lo poco que se construyó quedó en estado de abandono y hoy se encuentra inservible.Para la Corte, la condición de la obra debió ser verificada por el gobernador antes de firmar los cheques de pago. “En un mínimo ejercicio de su función de control y vigilancia como ordenador del gasto y representante legal de la entidad ejecutora, habría advertido el flagrante incumplimiento contractual presentado”. Jhoany Palacios Mosquera, el representante a la cámara por el Chocó, del Partido Liberal Foto:Archivo particular y Gobernación del ChocóOtro contrato con irregularidades que sustenta la acusación contra el representante fue el de interventoría de la obra de la construcción del sistema de gas natural en los mismos municipios, firmado con la Fundación Especializada en Sistemas y Servicios.De este acuerdo, el entonces gobernador autorizó el giro de 450 de los 1.100 millones de pesos del valor total, pese a que la firma interventora no ejerció ningún tipo de control sobre las actividades de Universal de Servicios Públicos, que dejó la obra a medias.Asimismo, a Palacios se le cobra otra firma: la de la Resolución N.° 3781 del 18 de noviembre de 2016, con la que autorizó $1.101 millones a favor de Universal de Servicios Públicos S.A.“Lo anterior, a sabiendas de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) había expedido la Resolución N.° 2434 del 20 de junio de 2016, mediante la cual impuso la medida preventiva de suspensión de giros y ordenó de manera expresa y directa al representante legal del departamento —Jhoany Palacios— aplazar la ejecución de los recursos que se encontraban en la cuenta maestra, destinados a la financiación de dos proyectos de inversión”, se lee en la acusación.Al concurso de delitos contra Palacios se le suma el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por estampar su firma en el acta de autorización y cesión del convenio, el cual se encontraba suspendido desde el 9 de junio de 2017, pese a tener pleno conocimiento del evidente incumplimiento de la firma contratista.“Se le imputa no haber declarado la caducidad del contrato ni haber impuesto las multas y sanciones respectivas, como era su deber. Tampoco habría suscrito un contrato adicional o un nuevo contrato con el lleno de los requisitos legales para hacer efectiva la prestación del servicio de gas natural en los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, en el departamento del Chocó, sino que optó por una actuación sin observancia de los requisitos legales esenciales, pese a existir prohibición expresa para ello”, detalla el documento.En la noche del jueves fue lanzada una granada Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia