A propósito de la nueva escalada del conflicto en el Catatumbo, que dejó un saldo preliminar de siete personas muertas en los enfrentamientos entre el ‘frente 33’ de las disidencias de ‘Calarcá’ y el Eln, EL TIEMPO habló con la magistrada auxiliar Johanna Cortés, de la Sala Especial de Seguimiento sobre la crisis de desplazamiento de la Corte Constitucional.La magistrada elevó su preocupación porque el pico del fenómeno en el Catatumbo se está replicando en otras regiones del país y, lo que es más grave, se camufla en nuevas formas de control territorial como los confinamientos forzados.Hace dos semanas la Corte citó a una audiencia pública de seguimiento enfocada en la situación del Catatumbo, porque allí fueron desplazadas más de 60.000 personas en menos de dos semanas. ¿Qué evaluación hacen de la respuesta estatal frente a esa emergencia?Lo primero es que estamos en ese proceso. Como parte del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado por los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, hacemos una evaluación global de la política pública y también prestamos atención a situaciones extraordinarias, como lo ocurrido este año en el Catatumbo.Nos empezó a alarmar el número de reportes de desplazamientos forzados y confinamientos. Desde marzo hemos estado solicitando información. Sabemos que terminó la conmoción interior y, aun así, continuaron los desplazamientos. En un informe de la Gobernación de Norte de Santander se reportó, en septiembre, un dato del último PMU que hablaba de más de 80.000 personas desplazadas por la violencia en ese territorio.Convocamos la audiencia pública porque, aunque teníamos información suministrada por escrito, queríamos escuchar de primera mano, por un lado, a las víctimas y, por otro, a las autoridades públicas, sobre cuál ha sido la respuesta estatal ante el desplazamiento masivo y los confinamientos, que también alcanzan cifras muy alarmantes. Y también queríamos pensar en posibles remedios. Por eso invitamos a la cooperación internacional y a organizaciones de la sociedad civil.En este momento estamos evaluando todos esos materiales para que la Sala tome decisiones sobre medidas que mejoren la atención a la población desplazada y la situación de quienes están confinados.En esa audiencia, la Defensoría también expuso sus observaciones desde el terreno. ¿Qué preocupaciones les transmitió?Con la Defensoría venimos conversando desde hace bastante tiempo. Creo que varios de los puntos que plantearon en la audiencia ya los conocíamos. Primero, que las cifras de desplazamiento en el Catatumbo están batiendo récords históricos en los últimos años. Segundo, que los confinamientos también están en aumento.Pero hay algo más: la Defensoría insiste —y coincidimos— en que esto no es solo en el Catatumbo. Estamos viendo una reconfiguración del conflicto en Colombia, con nuevas estrategias de control territorial por parte de los grupos armados. Los confinamientos están en ascenso. No es que los desplazamientos hayan sido desatendidos; lo que ocurre es que, comparativamente, las formas de confinamiento están aumentando y se están consolidando como una nueva forma de control.Y, claro, el Catatumbo es muy grave, pero hay situaciones similares en otros territorios, con dinámicas distintas, otros actores y otras economías ilícitas alrededor. Lo preocupante es que las cifras están aumentando nuevamente en todo el país.Magistrada, una de las razones que motiva una declaratoria de estado de cosas inconstitucional es el aumento de las tutelas. ¿Qué han encontrado específicamente en esta región?La Sala Especial en la que participo, presidida por la magistrada Natalia Ángel, hace seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucional. La audiencia pública y los autos en los que hemos solicitado información no responden a nuevas tutelas; hacen parte del monitoreo que realizamos sobre esa sentencia.Ahora, puede que hayan llegado nuevas tutelas a la Corte. Durante nuestra visita territorial, en junio, nos dijeron que algunas podrían estar en proceso de selección, pero hasta donde sabemos, no se ha seleccionado ninguna aún. Sin embargo, podría estar equivocada: habría que revisar las actas de selección. Hay que tener en cuenta además que las tutelas llegan a la Corte después de surtirse las dos instancias y la Corte tiene un mes para seleccionar. Es decir, puede que ya existan tutelas, pero apenas estén llegando o en trámite de selección.Otra pregunta tiene que ver con el decreto de conmoción interior, que fue objeto de revisión de la Corte. El Gobierno lo decretó para atender la situación del Catatumbo. ¿Usted cree que alivió en algo la crisis?Nosotros no hacemos una evaluación de la efectividad de los decretos de conmoción interior. Revisamos específicamente la situación de la población desplazada por la violencia y la respuesta estatal frente a ese fenómeno. Dentro de esas respuestas, algunos aspectos tienen relación con la conmoción, pero no todos. Y estamos aún en ese proceso. No podría decir en este momento si lo que se hizo sirvió o no sirvió.¿Cuál es la situación actual de las personas desplazadas desde enero que lograron retornar a sus territorios? ¿Están dadas las garantías? ¿Cómo están viviendo hoy?Lo que hemos observado —y lo que manifestaron víctimas y organizaciones de la sociedad civil durante las reuniones que sostuvimos en la visita territorial de junio— es que muchas personas retornaron sin planes de retorno. Es decir, fuera del marco de las políticas de retorno establecidas por la Ley de Víctimas. Lo hicieron por su propia cuenta y riesgo.No sabemos qué ha pasado. El rumor es que muchas de esas personas podrían estar sujetas ahora a confinamientos en sus territorios o que tuvieron que desplazarse nuevamente y estar hoy en otras regiones del país. No lo sabemos. Pero sí preocupa que tantas familias hayan retornado sin el acompañamiento debido de la Defensoría y de la Unidad para las Víctimas.Además, las condiciones de seguridad para los retornos no estaban dadas. Entonces nos preocupa dónde están todas esas personas: ¿retornaron bajo condiciones de inseguridad?, ¿se movieron a otras zonas del país? No lo sabemos.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia