Después de 17 años, Carmen Mirke logró la autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Registraduría Nacional emitir el certificado de defunción de su esposo, Orlando Alberto Toledo Lugo, secuestrado, asesinado y desaparecido por las extintas Farc en 2005, en Norte de Santander.Se trata de la primera vez que la JEP ordena la expedición de un documento de este tipo sin que el cuerpo de la víctima haya sido hallado, tras el reconocimiento del crimen por parte de los comparecientes. Con este certificado, la familia podrá adelantar trámites legales y acceder a la pensión y al seguro de vida, beneficios que hasta ahora no había podido reclamar.Audiencia JEP. Foto:CESAR MELGAREJO.Para Carmen, más allá de lo administrativo, el documento representa un paso hacia la dignificación de su esposo y un cierre parcial de una herida que ha permanecido abierta por casi dos décadas. “Con esto voy a poder avanzar, porque con la desaparición forzada la vida se detiene”, expresó.Orlando Toledo Lugo, ingeniero forestal de 46 años, trabajaba para una empresa contratista de Ecopetrol cuando, el 26 de julio de 2005, fue secuestrado por la Columna Móvil Resistencia Barí del Frente 33 de las extintas Farc-EP, mientras supervisaba trabajos en el oleoducto Caño Limón–Coveñas.En septiembre de ese mismo año, la guerrilla envió un comunicado afirmando que Toledo se había escapado, pero la investigación de la JEP demostró que esa versión era falsa. Durante las audiencias del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ y Erasmo Traslaviña Benavides ‘Jimmy Guerrero’ reconocieron que Toledo fue asesinado dos o tres días después de su secuestro, mientras intentaba huir.Según el testimonio de los exjefes, la orden fue ejecutada por Jorge Villa, entonces jefe de la columna, quien actuó sin autorización del Secretariado y fue degradado posteriormente. Sin embargo, durante las diligencias, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll cuestionó la falta de acciones para devolver el cuerpo a la familia:“En su momento le bajaron de rango a Villa por matar al señor Toledo sin permiso, pero devolver el cadáver no le importó. Si le hubiera importado, lo habrían hecho en cualquiera de los años que siguieron, incluso después del Acuerdo Final de Paz”, señaló la magistrada.Exjefes de las extintas Farc en una audiencia en la JEP. Foto:EL TIEMPO.Desde el secuestro, Carmen Mirke mantuvo la esperanza de encontrar a su esposo. En 2019, ella y sus tres hijos se acreditaron como víctimas ante la JEP para buscar verdad y justicia. “Incluso mantuvimos la misma línea de teléfono todos estos años, por si él aparecía”, recordó.Su vida no fue fácil: quedó sola a cargo de sus hijos, sin poder vender propiedades o acceder a beneficios por la falta del certificado de defunción. Hoy, su hija mayor es pedagoga infantil, la segunda es administradora de empresas y su hijo menor es tecnólogo del Sena. Carmen, además, es voluntaria como profesora en una iglesia cristiana. “Yo creo que a mí lo que me ha mantenido es mi fe y trabajar por otros”, dijo.Pese a este avance, Mirke insiste en que su búsqueda no ha terminado. Ahora espera que los restos de su esposo sean entregados para cerrar definitivamente el duelo. “Sin el cuerpo, uno a veces se imagina que puede estar vivo. Yo quiero que mi historia se conozca, para que sepan que nunca dejé de buscarlo”.Por el secuestro y asesinato de Orlando Toledo, la JEP imputó a Rodrigo Londoño y a otros seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ellos ya han reconocido su responsabilidad por escrito y en audiencias públicas. EL TIEMPO conoció que el 15 de septiembre la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz emitirá la sentencia correspondiente.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com
