Luis Fernando Acosta Osío, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, tendrá que responder por dos delitos que le imputó la Fiscalía General. Los señalamientos contra este hombre, que además fue cónsul honorario en Polonia, parten de que habría intentado direccionar ilegalmente resoluciones y fallos judiciales.Un fiscal experto en temas de corrupción tiene como hipótesis preliminar que a través de direccionamientos, el directivo de la institución educativa habría buscado sacar provecho propio con el objetivo de que se eligiera como rector a alguien cercano a él.”El material probatorio da cuenta de que entre septiembre de 2016 y enero de 2017, Acosta Osío, al parecer, solicitó a un senador, ya condenado por estos hechos, que intercediera ante el Ministerio de Educación Nacional para obtener la aprobación de la reforma estatutaria de la universidad y fuese nombrado como rector a una persona de su confianza”, explicó el ente acusador el miércoles.Edificio principal de la Universidad Metropolitana, Foto:UnimetroEn la audiencia ante una jueza de control de garantías se añadió que el 31 de enero de 2017, el Ministerio de Educación terminó aprobando la reforma estatutaria en la Universidad. Cuatro meses después, en mayo, Luis Fernando Acosta Osío se reunió en la casa de un senador con un juez, a quien le habría ofrecido 200 millones de pesos para que una audiencia de restablecimiento de derechos saliera a su favor.Vista general del campus de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Foto:UnimetroPor estos señalamientos, la Fiscalía imputó a Acosta los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de servidor público. Asimismo, la jueza declaró en contumacia al directivo tras confirmarse que por más de cinco años habría dilatado el proceso penal.Raúl Romero, representante de las víctimas, hizo énfasis en que este caso se destrabó después de tantos años por una tutela que resolvió la Corte Suprema. “Durante el trámite, la defensa y el imputado presentaron reiteradamente incapacidades médicas para justificar la inasistencia a la diligencia judicial de imputación. Estas certificaciones generaron dudas en el despacho judicial, razón por la cual se iniciará una investigación paralela para establecer si se incurrió en fraude procesal y falsedad en documento”, explicó.Mazo de juez. Foto:CEETCarlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com