Extra Formación: Cursos para parados: ¿funcionan? | Formación | Extras

Cristian Salazar Germoso, de 44 años, llegó hace seis a León desde su Venezuela natal, donde se había titulado como técnico superior en higiene y seguridad industrial. Necesitaba un contrato laboral para formalizar su permiso de residencia y, por mediación de un compatriota, se mudó a Santa Comba (A Coruña), donde estuvo empleado en una ganadería durante dos años. Al finalizar se fue al paro, y buscando capacitarse para conseguir trabajo de nuevo entró en el Programa Integrado de Emprego 2023-2024 de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Galicia. “Fui encadenando cursos cortos, relacionados con la edificación y la obra civil”, recuerda, hasta completar un total de 264 horas. “Terminé, y no había pasado ni un mes cuando me llamaron de Ferrocar [una empresa de prefabricados de hormigón]”, cuenta orgulloso. Lleva más de un año en plantilla.No es fácil saber si el caso de éxito de Salazar es norma o excepción. La formación a desempleados en España es una política de regulación estatal cuya ejecución, con alguna reserva de gestión, corresponde a las comunidades autónomas. Está orquestada por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el organismo de referencia, pero son los entes regionales —en ocasiones, locales— los que se encargan de convocar concursos públicos a los que se presentan empresas colaboradoras, acreditadas (como FLC), concertadas y subvencionadas, que son las que imparten las formaciones gratuitas. Una estructura tan descentralizado y atomizada dificulta ver el cuadro completo: qué se oferta, dónde y cómo.“Los usuarios se enteran de lo que llega a su oficina de empleo o comunica una academia gracias al marketing”, comenta Juan María Menéndez-Valdés, autor del informe Situación de la formación profesional y para el empleo en España 2022, de la Fundación para la Calidad e Innovacion de la Formación y el Empleo (Cife). El experto percibe falta de transparencia en el grado de ejecución de los programas por parte de las comunidades autónomas, y pocos datos de resultados. Cerca de 800.000 parados se formaron en España en 2024 (datos del Sepe), en una enorme diversidad de centros y organismos homologados, escuelas taller o talleres de empleo (estas dos últimas tipologías alternan formación y empleo). Pero la pregunta de cuántos de ellos encontraron empleo gracias a los nuevos conocimientos y competencias adquiridas sigue sin una respuesta clara.Más informaciónLa evaluación intermedia de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (de diciembre de 2023) demuestra que “quienes reciben una determinada combinación de servicios, siendo uno de ellos la formación, ven crecer su empleabilidad de manera exponencial a 6 y 12 meses”, cita Gerardo Gutiérrez, director general del Sepe. Un 10% en promedio, hasta un 24% en el caso de mujeres y personas migrantes. Ahondando un poco en los datos se ve también que los menores de 30 años se benefician moderadamente de estos servicios —especialmente cuando se combinan tutoría, formación e itinerarios personalizados—, mientras que los parados de larga duración presentan resultados negativos en su inserción laboral.Impacto irregularLa Fundación Adecco cree que las políticas activas de empleo y los programas de acompañamiento aún tienen mucho recorrido, pero valora su impacto positivo en la actualización de habilidades y competencias de los desempleados de larga duración, “reduciendo el tiempo que tardan en encontrar trabajo”. El colectivo ha bajado del millón de personas por primera vez en 15 años, pero las mujeres y los mayores de 50 años siguen siendo los más castigados, alerta.Jordi Mora igual (GETTY IMAGES)Las evaluaciones de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo suponen un claro esfuerzo por arrojar datos sobre el impacto real de las políticas públicas, y por ayudar a mejorar la eficacia de éstas. “Una compilación de evaluaciones en distintos países, realizada por la OIT, sugería el poco efecto de las políticas activas de empleo, especialmente las relativas a la formación”, desvela Menéndez-Valdés. Quizás porque los parados escogen itinerarios largos, lo que tiene un efecto de retraso, especula. Si más que la cantidad se midiera cómo han mejorado profesionalmente una vez insertados en el mercado, probablemente aparecieran conclusiones más positivas, sugiere. “La educación siempre tiene un retorno”, subraya.“El primer criterio para una buena formación a desempleados es la orientación personalizada”, interviene Julio Gil, director general de la FLC, donde el venezolano Salazar cursó varias de las especialidades educativas —en su caso de la familia de Edificación y Obra Civil— que figuran dentro del catálogo del Sepe. El segundo es que el itinerario formativo se vaya completando de manera gradual, para no hacerse demasiado largo. “Hay quien necesita trabajar de inmediato, y no quiere una formación de 600 horas; eso desincentiva”, advierte. Pone como ejemplo alguien que se está capacitando como pintor y puede desagregar su aprendizaje en módulos de 80 horas: de pintura interior, exterior, empapelado… “Esta estructura modular permite inserciones laborales más rápidas y sencillas, y dibuja mejores trayectorias profesionales a largo plazo”, argumenta Gil.Más informaciónFundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) publicó en 2024 los resultados de la evaluación de la eficacia de los programas de formación públicos y de ámbito estatal para el empleo ejecutados entre 2019 y 2022. La mayoría iban destinados a trabajadores en activo, pero hay un apartado del informe centrado en la formación a los desempleados: concluye que su impacto en los procesos de inserción laboral “resulta limitado de forma mayoritaria”. Al menos de manera directa, causa-efecto. Porque en las encuestas un 54% de parados que habían recibido formación dijo haber ganado en autoestima y confianza; un 48% percibió un mayor ajuste de su perfil a las demandas de las empresas; un 46% consideró que, a futuro, le sería más fácil colocarse; otro 45% opinó que tenía más claros sus objetivos profesionales; el 32% intensificó la búsqueda activa de empleo a raíz del curso, y el 38% flexibilizó sus requisitos para aceptar ofertas de trabajo.“La gente que acude con una orientación clara y el propósito de insertarse en el mercado laboral tiene, a día de hoy, con la necesidad de mano de obra que existe, una empleabilidad en la construcción del 100%”, aventura Gil. Más del 40% de las empresas del sector industrial y más del 30% en construcción y en servicios tienen necesidades formativas, según una prospección de 2024 del Sepe. El catálogo de especialidades formativas —alrededor de 6.000 — se renueva “constantemente”, apostilla Gutiérrez, en función de las tendencias detectadas por el Observatorio de las Ocupaciones y plasmadas en barómetros periódicos. “Acabamos de dar de baja unas 1.000, y de incorporar varias decenas de nuevas especialidades”, declara el director general, relacionadas con la economía verde y circular o la economía de los cuidados y la salud, entre otras.Más informaciónJulio Gil defiende que, al menos en la construcción, la formación ha de ser práctica, complementada en el caso de su fundación, con píldoras online —MOOC (cursos en línea masivos y abiertos), sobre todo — para los conceptos teóricos. Otros ramos se adaptan mejor al aprendizaje online o híbrido, modalidades ambas al alza a raíz del desarrollo tecnológico, con el covid-19 como acelerante. La tendencia se puede intuir, es verdad que de manera indirecta y no rigurosa, mirando las estadísticas de Formación Profesional (FP) para el empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Mites); no hay datos sobre la modalidad de impartición de los cursos a desempleados pero sí de los dirigidos a ocupados, y ahí el crecimiento es claro: han pasado de más de 393.000 alumnos presenciales a algo más de 300.000 entre 2021 y 2023 (con un importante bajón, hasta los 228.611, en 2022); la teleformación ha subido de casi 163.200 alumnos a casi 262.000 en el mismo periodo.Aprendizaje telemático“Sobre todo a partir de 2018 se ha incrementado progresivamente la formación telemática de desempleados, extendiendo la oferta formativa más allá de las comunidades autónomas en las que las entidades y centros de formación tienen sus sedes”, constaba Menéndez–Valdés en el informe de Fundacion Cife. El autor apuesta por una teleformación asíncrona que no entiende de fronteras regionales Y critica al Sepe y a Fundae porque, a su juicio, quieren limitarla. “Argumentan que en España tenemos niveles de teleformación mayores que en Alemania… ¿Y? También tenemos menos que Dinamarca, y mucho menos que Suecia”, opone. Achaca las trabas al empeño de la Administración por controlar las subvenciones —“Algo que absorbe el 90% del esfuerzo”— y al miedo, por otra parte comprensible, a que se produzcan fraudes. Pero recuerda: “Estamos en el siglo XXI”.Curso gratuito del Sepe para desempleados en Las Palmas de Gran Canaria, impartido por la Fundación Laboral de la Construcción.La formación a los desempleados es toda una organización en cascada que termina alimentando un ecosistema empresarial de centros pequeños —aquí FLC es una excepción —, en su mayoría privados, “muy vinculados al territorio y especializados en la formación especifica que necesita la estructura productiva local”, escribe el experto de la Universidad de Málaga Alberto Montero en el informe de la Fundación Cife El sector de la formación para el empleo en cifras. “Un 78,5% de las empresas que imparten certificados de profesionalidad de manera presencial solo tienen un centro”, revela. No todas cuentan con músculo financiero como para abordar aprendizajes que requieran clases prácticas y sean más costosos.Papeles relevantes“Las universidades y grandes fundaciones tienen, y deberían asumir, un papel clave en la mejora de la empleabilidad, especialmente en un momento de transformación acelerada que está redefiniendo perfiles y competencias”, reclama Cristina Chacón, directora ejecutiva de Qualentum, especializada en talento digital y tecnológico. Pero lo cierto es que no están dentro de este sistema. Qualentum ha trabajado con UNIR (ambas pertenecen al grupo Proeduca) y Fundación Universia en un proyecto para mejorar las oportunidades laborales de desempleados de España, México y Brasil. UNIR ha desarrollado el programa formativo, pero desde el ángulo de la RSC, no bajo el paraguas del Sepe.Más información“Son procedimientos que no están pensados para las universidades y que difícilmente encajan con nuestras dinámicas administrativas”, justifica Daniel Navas, vicerrector adjunto de Posgrado de la Universidad de Málaga. Miguel Bernabé, director del Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la Uned, propone impulsar las microcredenciales, que le parecen una vía excelente para que las instituciones de educación superior aporten a la formación de los parados. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha sido pionera en la implementación de estos cursos breves (seis créditos ECTS), que certifican en competencias muy especificas.En estos dos años, y gracias a los fondos Next Generation, las microcredenciales han comenzado a aplicarse en las empresas para actualizar las plantillas, aporta Bernabé, y nada impide que hagan lo propio con los desempleados. Están bonificadas, así que son gratuitas y no requieren tener el Bachillerato o la prueba de acceso a la Universidad. En este punto, el responsable del COIE lanza un alegato por la circularidad del conocimiento que se genera en la Universidad, llega a la sociedad y regresa al origen con un mayor componente práctico. Reivindica el papel de la educación superior en todos los momentos y estadios de la vida de una persona, “para conseguir una sociedad mejor formada”.Derribar barreras entre educación y empleoLas entidades que imparten los cursos de formación a desempleados del Sepe han de moverse en un terreno híbrido entre lo laboral —pues la formación para el empleo se financia con la cuota de formación profesional (FP) que aportan las empresas y trabajadores a la Seguridad Social, así como con fondos estatales y autonómicos— y lo educativo, ya que es el Ministerio de Educación el que distribuye el dinero entre las comunidades autónomas. En un informe para Cife, Alberto Montero, experto de la Universidad de Málaga, aplaude que la nueva Ley de Formación Profesional (2022) trate de superar la dualidad entre formación profesional y formación profesional para el empleo; en su opinión no han de concebirse como compartimentos estancos sino como “ámbitos complementarios con múltiples sinergias potenciales”. Los Centros Integrados de Formación Profesional, de titularidad pública o privada, son la punta de lanza de esta filosofía, al congregar toda la oferta de la FP: ciclos, formación para el empleo, formación continua en las empresas, actualización de trabajadores en activo.