La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) por la agudización de hechos violentos en el municipio de El Roble (Sucre), una grave situación de derechos humanos que ya ha provocado desplazamientos forzados y un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad para la población civil.Según la entidad, la decisión se tomó “ante el aumento reciente de hechos de violencia y la ocurrencia de desplazamientos forzados”, lo que configura un escenario de riesgo que compromete tanto el casco urbano como varios corregimientos del suroriente del municipio.La alerta de la Defensoría se enfoca en los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, limítrofes con las zonas de Galeras y San Benito Abad, donde se han concentrado los principales episodios de violencia y amenazas contra la comunidad.AGC Foto:EFE.En el documento, ya puesto en conocimiento de las autoridades, se identificó la fuerte presencia del ‘clan del Golfo’, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal, y no se descarta la incursión de otros grupos armados ilegales interesados en el control territorial.De acuerdo con la Defensoría, lo que ocurre en El Roble está relacionado con su posición estratégica dentro de la subregión de La Sabana, que conecta el sur del país con las salidas al mar por el Golfo de Morrosquillo, lo que lo ha convertido en “un paso estratégico para economías ilegales”, especialmente el narcotráfico.El organismo de derechos humanos advirtió sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias y señaló que, aunque en 2025 hubo un periodo de relativa calma, entre septiembre y diciembre pasado se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial, uno de ellos contra una lideresa campesina del corregimiento El Sitio.Estos hechos, según el censo de la Alcaldía municipal citado en la Alerta Temprana, ha provocaron el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa, evidenciando el impacto directo de la violencia sobre la población rural.Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto:Iris MarínLa Defensoría también alertó sobre indicios de subregistro de los hechos violentos, debido al temor de las comunidades a denunciar, y señaló que cerca del 90% de las familias desplazadas retornaron de manera voluntaria y sin acompañamiento institucional, lo que incrementa los riesgos de “revictimización, nuevos desplazamientos y posibles despojos”.La situación es especialmente crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan riesgos de “reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados” como lo explicó la Defensoría en un comunicado de prensa.Asimismo, la Defensoría advirtió riesgos diferenciados para mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes y servidores públicos, en un contexto marcado por una presencia institucional insuficiente, particularmente en zonas rurales.Ante este panorama, la entidad formuló 15 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de El Roble. Por último, pidió una respuesta urgente e integral que incluya medidas de prevención, protección, atención humanitaria y fortalecimiento de la judicialización.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA