La prohibición de seis precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo fue adoptada por el gobierno de Gustavo Petro en medio de la encrucijada que afronta el país, a menos de ocho meses de que termine su mandato, tras la descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas por el récord histórico de más de 250.000 hectáreas de coca.El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, explicó que la instrucción del Consejo Nacional de Estupefacientes busca reforzar los controles sobre sustancias de uso hospitalario que circulan actualmente en el país.Reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes. Foto:Suministrada“Solo estamos restringiendo y aumentando los controles”, dijo. Bajo competencia del Ministerio de Justicia se controlarán el ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno, mientras que el Ministerio de Salud actualizará los listados de sustancias fiscalizadas, incluyendo el bencilfentanilo y el anhídrido propiónico.“No vamos a permitir que se nos armen cocinas acá de fentanilo, ni mucho menos que sea Colombia un lugar de paso para que sigan envenenando a la humanidad”, dijo Idárraga.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, incluido en la Lista Clinton junto al presidente Petro, dijo que el Gobierno deja clara su lucha contra la sustancia y su intención de alinearse con EE. UU. Además, el ministro dijo que se radicará el próximo martes un proyecto de ley para penalizar el ingreso, porte, distribución y exportación de fentanilo, una droga que “está haciendo estragos en Canadá, China y Europa”.Gobierno prohibió los precursores de fentanilo. Foto:MAURICIO MORENOSegún el Centro Especializado Antidrogas de Ameripol (CEA), entre 2023 y 2025, Colombia registró un aumento significativo en las incautaciones de fentanilo: en 2023 se decomisaron 1.518 unidades, en 2024 la cifra ascendió a 5.692 —un incremento del 274 %— y para 2025 ya se contabilizan 982 unidades con corte al 14 de abril.Uno de los casos más relevantes ocurrió en febrero de 2024, en Maicao, La Guajira, donde se incautaron 2.000 ampollas que, según el capturado, tenían como destino Venezuela. Los departamentos con mayor actividad en el tráfico ilícito de fentanilo son Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba y Cundinamarca. Este opioide llega al mercado ilegal principalmente por desvío del sistema de salud o mediante importaciones a través de rutas fronterizas.El fentanilo se distribuye ilegalmente por su efecto similar al de la heroína. Foto:iStockVarios analistas coinciden en que el anuncio responde más a la necesidad de desescalar tensiones con Washington que a un impacto inmediato en el contexto interno. Según expertos, se trata de una decisión no basada en intereses colombianos, sino de EE. UU., adoptada para evitar una confrontación diplomática mayor y utilizada como gesto de buena voluntad ante autoridades norteamericanas. La Casa Blanca, bajo el gobierno republicano de Donald Trump, ha señalado directamente a Petro como un socio “errático e incapaz de dar resultados”.Estados Unidos ha advertido sobre el aumento del tránsito de precursores del fentanilo por Colombia, aun cuando la droga no se produce en el país. Según la investigadora Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, “el transporte de estos insumos hacia México estaría siendo facilitado por el ‘clan del Golfo’, especialmente hacia la frontera con Panamá”.El uso irregular del fentanilo, un opioide 50 veces más fuerte que la heroína, ha causado graves daños en varios países. Diana Sandoval, experta en salud pública, explicó que, aunque su uso médico es seguro bajo supervisión, en contextos no regulados puede provocar quemaduras, daños orgánicos, alteraciones neurológicas y respiratorias, e incluso la muerte. La contaminación de otras drogas con fentanilo y su rápida capacidad adictiva lo han convertido en un factor central de la crisis de sobredosis en América del Norte.Fentanilo en Colombia. Foto:PolicíaPara Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, la prohibición llega tarde y es consecuencia directa de la descertificación y de la inclusión de Petro en la Lista Clinton.“La decisión del Gobierno se toma después de una prolongada tensión con el Gobierno de los Estados Unidos que no se gestionó por las vías diplomáticas, sino por las redes sociales del Presidente, lo que personalizó la discusión”, dijo.El abogado internacionalista Fabián Cárdenas consideró que, aunque la medida es un paso importante, es improbable que Petro recupere la certificación antidrogas. “Es positivo que Petro tome esta medida porque le deja al próximo presidente un insumo para intentar recuperar la certificación de EE. UU., aunque ya no tendría efecto para el propio Petro”, aseveró.Por su lado, Saúl Lizarazo, director de Derecho de la U. Manuela Beltrán, afirmó que la decisión era necesaria ante el avance silencioso de las drogas sintéticas. Destacó que, si bien Colombia aún se encuentra en una fase temprana, ya hay indicios del desvío de precursores farmacéuticos y presencia aislada de fentanilo en el país.“El fenómeno del fentanilo requiere una respuesta integral: vigilancia sanitaria, trazabilidad química, inteligencia criminal, control financiero y, sobre todo, prevención en salud pública. Este es un tema que demanda articulación institucional y no puede recaer únicamente en la Policía y la Fiscalía”, dijo.En todo caso, el proyecto de ley anunciado por el Gobierno enfrentará un escenario complejo: el 20 de diciembre, el Congreso entrará en receso y solo retomará actividades en febrero. Para entonces, el Legislativo estará volcado sobre la campaña electoral, cuyos comicios se celebrarán el 8 de marzo. Aunque el tema tiene aval del oficialismo y podría contar con respaldo de la oposición por su relevancia global, su avance dependerá del ambiente político y del tiempo disponible para tramitarlo en el último año del Congreso.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com