Dentro del entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hace más de un año, surgió recientemente una queja de la exconsejera Sandra Ortiz, detenida por estos hechos, cuestionando el proceder de las autoridades en su caso.La defensa de la exfuncionaria, en cabeza del abogado Mauricio Camacho, sostiene que existe un supuesto doble rasero en el tratamiento judicial, señalando que su cliente recibe un trato severo mientras otros altos funcionarios gozan de condiciones más favorables.El equipo jurídico de Ortiz ha puesto sobre la mesa de la Fiscalía una comparación directa con la situación de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del Gobierno que también están vinculados a la investigación.Sandra Ortiz, exconsejera. Foto:Mauricio MorenoSegún la defensa, mientras el ente acusador ha solicitado detención domiciliaria para los exministros, Ortiz permanece recluida en un centro de la Fuerza Pública. Esta disparidad llevó a la defensa a enviar una carta a la Fiscalía, revelada por la revista Semana, en la que argumentan: “En esta actuación, la Fiscalía trata a los máximos funcionarios del Gobierno como ciudadanos de primera, y a la doctora Ortiz, que sería el último eslabón de la supuesta red criminal, como una ciudadana de segunda”.Otros detalles del oficioUno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el fallido intento de colaboración con la justicia. El abogado de la exfuncionaria relató que Ortiz participó en un escenario de acercamiento judicial en el que entregó información sensible extraída de su propio teléfono celular. Con estos datos, se construyó una matriz de colaboración junto a investigadores y fiscales.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoSin embargo, la defensa asegura que una vez la Fiscalía obtuvo la información que necesitaba, no se concretó ningún beneficio procesal para Ortiz. Por el contrario, los abogados afirman que el ente acusador hasta la fecha, se ha negado a devolver la información privada que ella aportó, a pesar de los requerimientos formales para recuperarla.Fuentes del ente acusador le han indicado a este medio que los aportes que hizo Ortiz no estaban bien documentados, y que sus intervenciones fueron desordenadas. Es por eso que no se concretó algún beneficio para ella.Para el representante legal de Ortiz, esta conducta demuestra un patrón claro: “se ha abusado de la posición dominante del ente instructor”. Bajo esta perspectiva, la defensa considera que a su cliente la habrían utilizado para obtener datos y luego tratarla como una pieza descartable dentro del proceso.Sandra Ortiz. Foto:Mauricio MorenoLos cargos contra Ortiz por el caso UNGRDActualmente, Sandra Ortiz está recluida en una guarnición de la fuerza pública. Fue enviada a dicho lugar tras ser imputada como una presunta emisaria del prófugo Carlos Ramón González, a la hora de entregarles 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Esa plata sería producto de una coima para que ambos beneficiaran al Gobierno. En las audiencias, Ortiz se ha declarado inocente de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía. Las audiencias preparatorias para su juicio ya tienen fecha en el calendario: están programadas para febrero del próximo año.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.