Luego de que la Corte Suprema lo condenara en 2023 por hechos de corrupción relacionados con la construcción de una piscina olímpica, el exgobernador de Magdalena, Francisco José Infante, enfrenta una nueva condena esta vez por un contrato irregular por más de 400 millones de pesos. Infante fue designado como gobernador encargado entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2007, para culminar el periodo del entonces gobernador Trino Luna Correa, quien renunció en medio de investigaciones en su contra.El contrato por el que fue condenado fue suscrito con el Instituto Prestador de Salud Eidys Campo Laboratorio Clínico (IPS) y tenía como objeto la prestación de servicios de salud para población vulnerable.En particular, contemplaba el tamizaje de 4.000 pacientes, incluidos pretest y test de VIH, así como jornadas de capacitación para la prevención del SIDA, actividades que debían ejecutarse en todo el territorio del Magdalena.Sin embargo, en el proceso se identificaron irregularidades en todas las etapas. En primer lugar, la ausencia de estudios previos de carácter técnico, financiero y jurídico que justificaran la necesidad y conveniencia del contrato; la falta de evidencia de las tres propuestas exigidas; y la selección de una IPS que no cumplía los requisitos legales para su funcionamiento ni acreditaba capacidad administrativa, operativa, financiera ni experiencia para ejecutar el contrato.Posteriormente, se evidenciaron sobrecostos en la adquisición de las 4.000 pruebas diagnósticas y la inexistencia de soportes que demostraran la ejecución del contrato, como los pretest y test de VIH, las capacitaciones en prevención de enfermedades de transmisión sexual o los documentos que acreditaran el procedimiento de tamizaje aplicado a los cuatro mil pacientes anunciados.Pese a esta seguidilla de hechos y a que el contrato no se ejecutó conforme a las obligaciones adquiridas por la contratista, el 26 de diciembre de 2007 se suscribió un acta en la que se declaró a la IPS a paz y salvo y se procedió a la liquidación del contrato, renunciando incluso a futuras reclamaciones, sin que el objeto contractual se hubiera cumplido.El detrimento patrimonial derivado de estas actuaciones fue estimado en más de 800 millones de pesos.Luego de que la Sala de Primera Instancia ratificara la condena contra el exgobernador, la Sala de Casación Penal hizo lo propio en segunda instancia, dejando en firme la condena de 8 años de cárcel. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia