La pugna política que fisuró al Ejecutivo en el cuarto año del gobierno del presidente Gustavo Petro, disputaba el último asiento en la Corte Constitucional, en un bloque de renovación que tardará tres años más en volver a rotar.Los nueve magistrados que están hoy, tras la elección del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, acompañarán el cierre del cuatrienio y los primeros años del próximo mandato, un periodo atravesado por el pulso electoral del 2026.Bajo este contexto, la Corte se erige como instancia de equilibrio y contrapeso frente a los demás poderes, y como talanquera ante un eventual desbordamiento del orden institucional.Lidio García, presidente del Senado, le toma juramento a Carlos Camargo, magistrado de la Corte. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPOPara el expresidente de esta Corte, exmagistrado Luis Guillermo Reyes, la percepción en varios sectores de una supuesta consolidación de un bloque oficialista terminó pesando en la elección de magistrado.El Gobierno sufrió una aplastante derrota luego de que la candidata a la que volcó sus apoyos, María Patricia Balanta, quedó 21 votos por debajo de Camargo.María Patricia Balanta intervino ante el Senado. Foto:John Pérez / El TiempoSin embargo, aseguró, fue un análisis especulativo que responde al agite coyuntural. “El Gobierno no ha dado mensajes claros. Se ha hablado de constituyentes y, desde sectores cercanos, incluso de reelección. Todo esto genera inestabilidad jurídica y, en ese escenario, las miradas se dirigen hacia la Corte para contener esos abusos”, aseveró Reyes.Aunque en reiteradas ocasiones la ternada María Patricia Balanta, magistrada del tribunal de Buga y una jurista con 30 año de carrera, intentó desligarse del Presidente y el “petrismo”, el imaginario político infundado de que su voto pudiera inclinarse hacia una tendencia favorable a las iniciativas del Presidente, terminó cobrándole factura.Corte Constitucional. Foto:EL TIEMPOAunque para la exmagistrada de este tribunal, Cristina Pardo, actual decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Corte Constitucional no está “partida en bloques”, algunos magistrados han adoptado un criterio jurídico más alineado a las propuestas de Gobierno y decidido en derecho asuntos claves que lo involucran.“Todos los magistrados llegamos con una forma de pensar que influye en cómo entendemos el derecho, pero eso no deslegitima las decisiones judiciales. Para eso existen garantías como el periodo fijo de ocho años, que asegura que un magistrado no tenga por qué responder a presiones externas”, aseguró la decana, quien también enfatizó en el deber de la ingratitud con quien terna al juez constitucional –Presidente, magistrados de la Corte Suprema o el Consejo de Estado–, y quien lo elige, el Congreso.Cristina Pardo, exmagistrada. Foto:Corte Constitucional“Que un congresista respalde a un candidato no significa que después haya que devolver favores. Las decisiones se toman con base en razones jurídicas y la Corte no puede andar cambiando de jurisprudencia a conveniencia. En materia de tutela, por ejemplo, un juez no puede fallar distinto en dos casos similares: la coherencia obliga. A veces los magistrados se agrupan de una forma, a veces de otra”, agregó la exmagistrada.Una de las últimas decisiones de fondo que tomó la Corte sobre un asunto que involucra directamente al Presidente fue la revisión de la tutela que buscaba tumbar la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigarlo en el proceso por presunta violación de topes de campaña.El fallo del 26 de junio se decidió con un apretado 5-4 y tuvo como ponente al magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Palacio. Lo respaldaron los magistrados Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés, la magistrada Natalia Ángel y la encargada en reemplazo de Cristina Pardo. En contra salvaron el voto los magistrados José Fernando Reyes —a quien reemplazará Carlos Camargo—, Jorge Enrique Ibáñez (presidente de la Corte) y las magistradas Paola Andrea Meneses y Lina Marcela Escobar.La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Foto:Corte ConstitucionalOtra decisión que se perfiló similar fue la que salvó parcialmente el decreto madre de la conmoción interior en el Catatumbo. La ponencia que pedía tumbarlo en su totalidad, de la magistrada Ángel, fue derrotada, y en su lugar se propuso declarar la constitucionalidad del estado de excepción para los hechos sobrevinientes de la emergencia. Quienes salvaron el voto fueron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes y la magistrada Paola Meneses.En la tendencia jurídica que ha favorecido propuestas del Gobierno, la magistrada Ángel y el magistrado Polo son quienes más se han apartado de esa línea, fallando ocasionalmente en contra. Por ejemplo, en asuntos como las medidas en materia ambiental y de desarrollo sostenible adoptadas en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, o el gravamen a petroleras y carboneras en la primera reforma tributaria.Sara Quevedo – Justicia – @JusticiaET – sarque@eltiempo.com
