La Contraloría emitió dos alertas de riesgo fiscal por 1,3 billones de pesos alrededor del negocio de los pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. La primera apunta a deficiencias en la financiación con vigencias futuras del nuevo modelo que estatiza este servicio. La segunda advierte posibles afectaciones al derecho a la libre movilidad por eventuales incumplimientos o retrasos en la expedición de las libretas.Las alertas fiscales se emiten un día después de que la Procuraduría le pidiera al Tribunal de Cundinamarca suspender los pagos a la Casa de la Moneda, de cara al primer desembolso del convenio interadministrativo por 1,8 billones de pesos. Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El Tiempo”Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio con persona extranjera de derecho público”, argumentó la entidad.La Contraloría, por su parte advirtió sobre deficiencias en la implementación del modelo, específicamente por “posibles fallas” en el trámite de vigencias futuras y en la aceptación de compromisos presupuestales por parte de la Imprenta Nacional de Colombia que no tendrían relación directa con su misión institucional. Además, “el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores —entidad contratante del proyecto— no habría realizado los trámites necesarios para asegurar los recursos y garantizar la continuidad del servicio, pese a que actualmente administra los ingresos derivados de la expedición de pasaportes”, informó el ente de control.Estas inconsistencias, agrega, podrían comprometer la sostenibilidad financiera del nuevo modelo y poner en riesgo la prestación del servicio.Precisamente la segunda alerta se enfoca en el riesgo de incumplimiento del cronograma de importación y nacionalización de la maquinaria indispensable para la impresión y personalización de las libretas, etiquetas de visado y otros documentos. El procurador Gregorio Eljach Foto:Archivo particular.”El problema radica en que aún no se han definido aspectos críticos del proceso aduanero, justo cuando se aproxima la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales”, explicó el contralor general Carlos Hernán Rodríguez. Entre los vacíos detectados están la falta de definición sobre qué entidad actuará como importadora y asumirá impuestos y tasas; la inexistencia de un negocio jurídico claro que respalde la importación, pese a que, por normativa, debería recaer sobre la Imprenta Nacional, y la ausencia de una estimación del valor de la maquinaria, los tributos aduaneros y los costos del agente de aduanas.”A hoy no existe un acto jurídico entre esa entidad y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que habilite a este último para efectuar el pago de la importación de los bienes que no son de su propiedad”, agregó el Contralor.De no resolverse estas gestiones antes del 8 de diciembre de 2025 —fecha en la que debe iniciar el transporte internacional de la maquinaria— podría afectarse el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025. Esto incluso podría activar la Garantía de Primer Requerimiento por 6,3 millones de euros contra la Imprenta.La Contraloría urgió a las entidades involucradas a corregir las falencias identificadas y adoptar medidas inmediatas para evitar retrasos y afectaciones a la libre movilidad de los colombianos. María Fernanda Cabal Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia