El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar los cargos transitorios designados por la Judicatura para el Tribunal Superior de Bogotá, tras la priorización del proceso de Álvaro Uribe, para que los magistrados de la Sala Penal se concentren en resolver la apelación del expresidente y a su vez se de respuesta a los demás procesos en curso.La demanda, del abogado Samuel Alejandro Ortiz, pide además que el alto tribunal adopte la suspensión provisional del acto administrativo que creó los puestos como medida cautelar. Expresidente Uribe Foto:MAURICIO MORENO”Por ajustarse a las formalidades previstas en los artículos 162 a 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se admite la demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad de conformidad con el artículo 137 del mismo estatuto, instaurada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, actuando en nombre propio, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los efectos del Acuerdo PCSJA25-12326 de 6 de agosto de 2025″, se lee en el auto admisorio del Consejo de Estado. La resolución demandada asegura que los despachos 004, 011 y 013 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, solicitaron el apoyo transitorio para sustanciar el referido proceso y fallar en segunda instancia en los términos legales.”Se evaluó la necesidad de crear magistrados adjuntos transitorios en los mencionados despachos, teniendo en cuenta las características del proceso asignado, como el gran volumen, la connotación y el término de prescripción”, señala el documento. Tribunales de Bogotá y de Cundinamarca Foto:Carlos López/El TiempoY agrega: “Que los directores de las unidades de Planeación y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante oficio del 9 de mayo de 2025, certificaron la disponibilidad de recursos presupuestales para la creación de cargos transitorios”, razón por la que se terminó expidiendo la resolución. La Judicatura había ordenado la priorización del caso por su importancia pública y tras la amenaza de prescripción en octubre próximo. Sin embargo, tras la renuncia de la prescripción del caso que hizo el presidente Álvaro Uribe, las magistradas Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y el magistrado Manuel Antonio Merchán tendrán hasta dos años para emitir el veredicto de segunda instancia. En este lapso, el exmandatario estará en libertad tras el fallo de una tutela de esta misma instancia (el Tribunal), que revocó la orden de detención inmediata que había ordenado la jueza Sandra Liliana Heredia en la sentencia condenatoria de primera instancia. La apelación de la sentencia condenatoria del expresidente UribeEl 13 de agosto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó la apelación a la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. “La presente impugnación tiene como finalidad que el superior funcional revise con detenimiento los yerros aquí señalados y restablezca las garantías y derechos afectados, a partir de los siguientes ejes argumentativos constitutivos de errores judiciales al interior de la mencionada decisión judicial”, dice el documento de 904 páginas. Entre otros argumentos, la defensa, ejercida por los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana, pide al Tribunal rechazar la validez de la interceptación que la Corte Suprema hizo “por error” a Uribe en 2018. Durante cerca de 15 días, el alto tribunal escuchó al expresidente con una orden que no estaba dirigida a él, sino al representante Nilton Córdoba, en el marco de otro proceso.Fiscalía solicitó condena contra por chuzadas a Marelbys Foto:Asimismo, le solicitan al Tribunal que considere que los diálogos entre Cadena y Uribe hacen parte del secreto profesional del abogado, por lo que están amparados por reserva y no pueden usarse como prueba.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
