Un caso de supuesto matoneo en uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá, Los Nogales, tiene hoy a sus directivos —el rector Camilo Camargo y la entonces vicerrectora Marcela Junguito (hoy rectora del Gimnasio Femenino)—en el banquillo de los acusados por el delito de injuria, con el agravante de que las presuntas víctimas son menores de edad.El hecho ocurrió entre 2023 y 2024, cuando se mediatizó la expulsión de dos estudiantes que, presuntamente, acosaron a un compañero, con comentarios y tratos discriminatorios.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoLos directivos del colegio aseguraron en medios que los dos menores de edad —hoy víctimas en la denuncia por injuria contra los directivos— habrían emprendido una agresión “sistemática” de burlas dirigidas a los rasgos físicos del estudiante.”Se dio una intimidación de manera permanente y repetitiva, con intenciones claras de hacer daño al otro”, explicó en su momento el rector Camargo a este diario.Según se informó entonces, el bullying escaló a tal punto que la víctima dejó de asistir al colegio y habría continuado siendo hostigada a través de redes sociales.De acuerdo con el rector, los padres del estudiante reunieron pruebas como grabaciones y chats, lo que permitió activar el protocolo interno del colegio y, aseguró la defensa de los directivos, “se hizo el reporte al sistema de alertas de la Secretaría de Educación”.Con base en las reglas de convivencia, la decisión fue expulsar a los adolescentes, lo que generó polémica no solo entre las familias de los menores, sino también entre los estudiantes que se dividieron y enfilaron en defensa de los compañeros sancionados.Según le dijo el rector a EL TIEMPO en abril de 2024, los padres de los expulsados acudieron a acciones legales por considerar desproporcionadas las medidas adoptadas contra los presuntos “bullies”.“Hemos tenido mucha resistencia por parte de los padres de familia, que han interpuesto tutelas y otro tipo de acciones legales porque no están de acuerdo. Pero esos procesos fueron validados por los jueces de la República, quienes dicen que el colegio ha hecho las cosas acorde con su manual de convivencia y que ha respetado el derecho a la educación de los estudiantes”, explicó Camargo hace dos años.Abogado penalista Fabio Humar. Foto:Archivo particularEn el plano penal, los padres, en representación de los dos menores, también radicaron denuncias contra el colegio, el rector y la vicerrectora por el delito de injuria, luego de que se refirieran a los hechos a través de medios de comunicación masiva. Pero, además, tendrían pruebas de que el acoso habría sido en doble vía.El pasado 22 de enero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra, sustentado en el daño al buen nombre y a la reputación de los adolescentes, tras año y medio de investigación y análisis probatorio, entre estos, los interrogatorios a Camargo y Junguito. El sustento del fiscal 430 para llamarlos a juicio se basa en que no podían referirse a una situación específica ni ventilar un caso con reserva y sin justificación, en el que los implicados son menores de edad.“Ningún rector ni funcionario de ningún colegio puede omitir su deber de confidencialidad y reserva de los procesos disciplinarios y mucho menos salir a un medio de comunicación contando hechos en donde están involucrados menores de edad pues vulneran su derecho al buen nombre y a la honra”, aseguró la apoderada de los dos niños, Beatriz Molina, a través de un comunicado de prensa. Y agregó: “Confiamos en que los jueces de la República, con respeto por el debido proceso, adopten las decisiones que en derecho correspondan. Reiteramos, además, un llamado firme a la sociedad y a los medios: no revictimizar, respetar la intimidad y la honra de los menores. La justicia avanza, los niños se protegen. No más violencia para nuestros menores”.Por su parte, la defensa de los directivos, a cargo del penalista Fabio Humar, le dijo a este diario que atenderán el llamado de la justicia, como es costumbre y como se los han indicado sus clientes. “Atenderemos las citaciones y, desde luego, se ejercerán las acciones y recursos que la ley prevé en este caso, que —sobra decir— abre un antecedente con el que no estamos de acuerdo”, señaló.Luz verde al corredor de la Séptima. Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia