Tres días después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, el Ejército Colombiano recibió en el Fuerte Militar de Tolemaida 33 vehículos blindados modelo ASV M1117, por parte de Estados Unidos, en el marco del programa de financiamiento militar extranjero. La entrega, orientada al despliegue en territorios con presencia de grupos armados y economías ilegales, se produjo en un contexto en el que el Ejecutivo comenzó a mostrar claros ajustes en su enfoque frente al conflicto interno y en su relación con WashingtonDurante la ceremonia estuvieron presentes el comandante del Ejército, general Royer Gómez, y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Allí se indicó que los vehículos serán distribuidos enCatatumbo, Arauca, Cauca, sur del Valle del Cauca, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, territorios donde se concentran disputas por rentas criminales y corredores del narcotráfico.El pasado 3 de febrero, el presidente Trump recibió en Washington a su homólogo. Foto:AFPFuentes consultadas por este diario confirman que la entrega de los blindados fue uno de los compromisos alcanzados durante la reunión bilateral, en la que el presidente Petro y su ministro de Defensa se comprometieron a intensificar las operaciones y el control sobre las fronteras con Venezuela y Ecuador. Esas fuentes aseguran que aunque Trump no dio espacio para discutir las cifras sobre la lucha contra el narcotráfico que le llevaba la delegación colombiana, hoy el tono del diálogo es diametralmente opuesto al que pareció imponerse en los últimos 12 meses, y que alcanzó un punto máximo con la captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.En la cita de Washington, que parece haber pasado la página del peor momento en las relaciones binacionales en un siglo, el tema prioritario fue la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.La Casa Blanca sabe que pasarán meses antes de poder evaluar resultados en la reducción de los narcocultivos –entre 30 mil y 40 mil hectáreas– a la que se comprometió el jefe de Estado colombiano. Pero en donde sí espera un giro inmediato –que ya empezó, de hecho– es en el manejo del orden público y en una mayor operatividad de la Fuerza Pública contra los grandes grupos criminales que son, a su vez, actores de primera línea en el narcotráfico.Poner en la mira de la inteligencia de EE.UU. a capos que en algún momento estuvieron blindados por la ‘paz total’ como ‘Pablito’, del Eln; ‘Chiquito Malo’, del clan del Golfo; y ‘Mordisco’, de una facción de las disidencias, fue un primer paso. El bombardeo contra el Eln en el Catatumbo, el primero en cinco años, ratifica que hay un giro de fondo presionado por Washington.Analistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que el encuentro del 3 de febrero marcó un punto de inflexión para la política de paz y seguridad del gobierno Petro. Una política que ha sido cuestionada por sectores nacionales e internacionales, entre ellos la ONG Human Rights Watch, que han advertido sobre el crecimiento de los grupos armados, cuyo número de integrantes supera los 27.000 entre combatientes y redes de apoyo, y de la creciente crisis humanitaria en el país en medio de una de las campañas políticas más polarizadas en las últimas décadas.Artillería utilizada previo al bombardeo en Catatumbo. Foto:CortesíaHoras después del encuentro presidencial, el Eln –el grupo criminal con mayor número de actos contra la población civil y la Fuerza Pública en el último año y, a la vez, el menos afectado por la acción del Estado– sentía, por orden del presidente Petro desde Washington, el poder de los bombardeos, precisamente en la frontera en la que Estados Unidos le pidió ejercer control real: la de Venezuela a la altura del Catatumbo.Según reportes oficiales, la operación dejó más de diez guerrilleros muertos y fuentes del sector defensa indicaron que la ejecución respondió a condiciones previamente definidas por inteligencia militar, aunque la orden final llegó en la madrugada del miércoles. Esta operación contra los ‘elenos’ se da en momentos en el que el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) reportó que la violencia ejercida por este grupo aumentó un 86 %, con 471 eventos violentos en 2025, el mayor nivel desde 2001.Según las estadísticas de Cerac, en 2025 hubo 221 muertes en eventos con participación directa del Eln. Al menos tres de cada 10 eran civiles. “Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las de 2024 y las muertes de integrantes de la Fuerza Pública aumentaron en más de dos veces”, dice el informe. El año pasado, además, el Eln provocó el mayor desplazamiento forzado en las últimas décadas, el del Catatumbo, y con ataques como el de esta semana en Arauca contra la caravana del senador Jairo Castellanos se consolida como una de las principales amenazas para las elecciones del 2026.El corto circuito con la ‘paz total’Los máximos responsables de la seguridad nacional se están preparando para un escenario impensado hace un año: que los campamentos del Eln y las disidencias de las Farc protegidos por décadas por el régimen chavista en Venezuela tuvieran que empezar a moverse hacia Colombia, lo que por primera vez en años pone en la mira de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana y de las fuerzas de élite del Ejército al grueso de esas fuerzas ilegales y, sobre todo, a capos como ‘Pablito’ y ‘Antonio García’.‘Iván Mordisco’, ‘Chiquito Malo’ y ‘Pablito’ Foto:Archivo particular.Un escenario que plantea a su vez, como ya se manifestó con el ataque en Arauca, el reto de blindar las elecciones y, en general, al país entero de lo que podría ser una de las más duras andanadas violentas de los últimos años.“La afectación de capacidades de la Fuerza Pública durante los últimos años planteó desafíos al Gobierno, al tiempo que generó tensiones con actores armados que participaron en procesos de diálogo. Pero ahora, este nuevo escenario abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la ‘paz total’ y la estabilidad del orden público en los próximos meses”, le dijo a EL TIEMPO un general (r) del Ejército.La renovación de la cooperación en inteligencia y la posibilidad de acciones coordinadas con EE.UU. en la frontera marcan, en todo caso, cambios claves en las ecuaciones de seguridad regional que se venían manejando en las últimas décadas. César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, explicó que las acciones posteriores al encuentro pueden interpretarse como ajustes de corto plazo. Señaló que más allá de un cambio estructural, lo que se observa es una adecuación de la estrategia frente a la visión de Washington sobre la seguridad en Colombia.Ese ajuste ya marca claras tensiones entre el sector defensa y los responsables de la cuestionada política de ‘paz total’. De hecho, apenas horas antes del bombardeo había salido del Catatumbo Víctor de Currea- Lugo, una de las fichas más cercanas al presidente Petro, quien supuestamente había sido enviado allí para tratar de abrir algún canal con los ‘elenos’. La petición expresa a Trump para que Estados Unidos ayude a cazar a ‘Chiquito Malo’ y otros capos, confirmada por el embajador Daniel García-Peña, sorprendió no solo a los narcos del ‘clan’, sino al parecer a varios miembros del equipo del comisionado de paz, Otty Patiño.El miércoles, la delegación encabezada por Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno, suspendió de manera unilateral los diálogos, al considerar que la persecución no contempla el desarrollo de los acuerdos alcanzados el año pasado en Catar, cuya columna vertebral son las cuestionadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en áreas rurales de Córdoba y Chocó.La situación llevó a la Consejería Comisionada de Paz a aclarar que, en el marco del inicio de acciones encaminadas a conformar tres ZUT —cuya creación está prevista para el 1 de marzo—, desde el 24 de diciembre se encuentran suspendidas las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila (alias ‘Chiquito Malo’), Orozman Orlando Osten (alias ‘Rodrigo Flechas’), Elkin Casarrubia (alias ‘El Cura’), Luis Armando Pérez (alias ‘Bruno’) y Gonzalo Sánchez (alias ‘Gonzalito’, fallecido en confusas circunstancias hace una semana).Un soldado del Ejército
inspecciona el terreno luego de un bombardeo. Foto:DAVID OSORIO/EL TIEMPOAhora bien, la aplicación de la suspensión de órdenes de captura ha generado fricciones dentro del propio Gobierno. Mientras el jefe negociador, Álvaro Jiménez, sostiene que desde el 24 de diciembre no pueden realizarse detenciones bajo ninguna circunstancia, el ministro de Defensa —en posición luego corroborada por la Fiscalía— aseguró que dicha suspensión solo aplica durante el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).El jefe negociador del Gobierno negó diferencias con el ministro de Defensa: “Hay una comunicación abierta, clara y transparente con el Ministerio de Defensa y con las distintas autoridades del Estado”, le dijo a este diario. (ver entrevista)Mañana, las delegaciones tienen previsto reunirse con el grupo de países mediadores -compuesto por el Estado de Catar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza- para llevar a cabo una sesión de trabajo en la que ase abordará la coyuntura actual.En cuanto al Eln, pese a que esta mesa se encuentra suspendida desde hace más de un año por la sangrienta toma del Catatumbo, y aunque ‘Pablito’ figura como uno de los objetivos de alto valor, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar un salvavidas a ese grupo: “Invito al Eln a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”, indicó el mandatario. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, el giro en la seguridad solo afecta realmente la mesa con el ‘clan del Golfo’, ya que es la única que se mantiene viva. “El reto es mantener el diálogo abierto con algún tipo de incentivo. Creo que a hoy no lo habría. El modelo de paz territorial no avanzó a buen ritmo y tuvo muy baja implementación. Entonces en territorio resulta difícil justificar la continuidad de las mesas”, dijo.Otra mesa a la expectativa es la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia que hizo entrega de 14 toneladas de material de guerra cuyos resultados, liderados por Armando Novoa, han sido presentados dentro de los pocos avances medibles de la ‘paz total’ junto al del Frente Comuneros del Sur en Nariño. La razón es que Petro lanzó un ultimátum a uno de sus capos, Geovani Rojas, alias Araña, para que demuestre su compromiso con la ‘paz total’ o se reactivará el procedimiento para enviarlo a Estados Unidos, que lo solicita por actividades ligadas con el narcotráfico.Bogotá bajo la lupa Foto:Incluso, la negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de Alexander Díaz Mendoza, mejor conocido como ‘Calarcá’, también podría tambalear. “Todos los narcos están incluidos en esa lista, incluso Calarcá”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Sobre este punto, el experto en conflicto Eduardo Pizarro Leongómez, señaló que “la ‘paz total’ está moribunda hace ya mucho tiempo” y recordó declaraciones previas del presidente en las que se anunciaba la firma de la paz con el Eln en los primeros meses de gobierno. “Ocurrió todo lo contrario y tanto el Eln como la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Estado Mayor Central’ se han encargaron de debilitar la imagen presidencial y la gobernabilidad regional”, indicó.Desde una perspectiva institucional, Andrés González planteó que las acciones recientes deben entenderse como parte de una estrategia más amplia. “No basta con una acción dirigida contra los capos, sino una estrategia sostenida contra los grupos armados, que tiene fuerza especialmente en la frontera con Venezuela y el Pacífico donde están los enclaves de la coca”, afirmó y señaló que contra los cabecillas mencionados existen órdenes de captura vigentes y que los beneficios judiciales solo serían posibles en escenarios de sometimiento a la justicia. “Lo que ocurre es que siguen delinquiendo”, señaló.En el trasfondo de estos movimientos también aparece la dimensión regional. La cooperación en materia de seguridad contempla escenarios de coordinación en zonas de frontera, particularmente en territorios donde históricamente han delinquido mandos del Eln y otras estructuras armadas. En ese marco, la localización de cabecillas que durante años han permanecido fuera del alcance de la justicia colombiana se convirtió en uno de los puntos señalados dentro de la agenda compartida.Jesús Blanquicet y Juan Pablo Penagos – Redacciones Justicia y Nación