La Audiencia Nacional pide a Alemania que investigue al fabricante de un medicamento para la retina que provocó pérdida de visión | Sociedad

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge se ha puesto en contacto con sus homólogos alemanes para pedirles que investiguen si el fabricante de Ala Octa, un medicamento para la retina, se declaró en concurso de acreedores para no pagar a los perjudicados por los lotes que resultaron ser tóxicos y provocaron pérdidas de visión en algunos pacientes.El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 cree que la ya disuelta Alamedics GMBH podría haber incurrido en un delito de insolvencia punible que debe investigarse en Alemania porque es donde estaba radicada la empresa. Las pesquisas arrancaron a raíz de una querella presentada el 10 de octubre de 2023 en la Audiencia Nacional por una asociación (Defensor del Paciente) ante “la situación de indefensión y desprotección” en la que denunciaba que se encontraban los afectados en España, a los que se les aplicó el fármaco en operaciones de retina “causándoles pérdida de visión”. La querella se dirigía contra las empresas alemanas que fabricaban el medicamento (Alamedics GMbH y BSI Group Deutschland) y la comercializadora en España (W.M. Bloss, con sede en Barcelona).La investigación judicial arrancó poco después, el 5 de febrero de 2024. Los informes periciales, basados en análisis de laboratorio, han permitido determinar que algunas partidas de Ala Octa resultaron tóxicas por un inadecuado proceso de fabricación, en el que los graneles de materias primas empleadas no se conservaron en condiciones adecuadas, ni se practicaron análisis ni filtrados que hubiera impedido el paso de materias degradadas o contaminadas a la cadena de fabricación.Según relata el instructor, en una resolución a la que ha tenido acceso El PAÍS, poco después de conocerse la toxicidad de algunos lotes del producto y de la orden de cese de su comercialización en España, los administradores legales de Alamedics instaron el concurso de acreedores alegando como motivo el daño reputacional sufrido, sin incluir ninguna referencia a los previsibles créditos en favor de los perjudicados. “Más bien, al contrario, aceleraron el proceso concursal para que otros acreedores cobrasen sus créditos en perjuicio de los lesionados”, expone De Jorge.Para el juez, esta solicitud de concurso de acreedores, con omisión de los créditos a favor de los perjudicados, y ocultando que la causa de la crisis de la empresa no era el perjuicio reputacional sino los graves daños a pacientes que recibieron Ala Octa, podría ser constitutiva de un delito de insolvencia punible que sería de competencia exclusiva de las autoridades alemanas, por lo que acuerda una “transmisión espontánea de información” a las mismas para que ellas decidan cómo proseguir.