Es abiertamente ilegal. Así calificó Mauricio Pava, el exabogado del presidente Gustavo Petro, la resolución con la que el Gobierno creó tres zonas de ubicación temporal para el ‘clan del Golfo’, en Chocó y Córdoba, territorios donde ejercen una fuerte influencia criminal.En diálogo con EL TIEMPO, el jurista explicó las razones de la demanda contra este acto administrativo que radicó ante el Consejo de Estado junto con la solicitud de la suspensión provisional. Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetAsí mismo, habló sobre los líos jurídicos de los acercamientos de paz con el ‘clan’ y las bandas criminales en Medellín y Barranquilla que, sin una aprobación de una ley de sometimiento, estarían viciados.¿Cuáles son los alegatos que tendrá que estudiar el alto tribunal, teniendo en cuenta que usted además solicita una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución?Esto se remonta a 2022, cuando la política de paz total del Gobierno nacional empieza a transitar por lo que hoy conoce el país. La Corte Constitucional emitió la sentencia C-525 de 2023 y, básicamente, le dijo al Gobierno: le acepto la paz total, pero condicionada a ciertos elementos.El primero es que las zonas de ubicación temporal, por ejemplo, solo podían existir frente a grupos criminales siempre y cuando hubiera una ley de sometimiento, un marco jurídico para bandas criminales de alto impacto, y además que se produjeran en el momento en que las conversaciones estuvieran muy avanzadas.Pues bien, el acto administrativo que estamos demandando —la Resolución 471, expedida el 22 de diciembre de 2025— pasa por alto esa disposición de la Corte Constitucional. LEA TAMBIÉN La manera como esto se ha planteado desconoce no solo la decisión de la Corte Constitucional, como cabeza de la rama judicial, sino también el papel del Congreso de la República. Estamos ante una resolución, un acto administrativo, que es inconstitucional y que además resulta profundamente preocupante, porque se trata de zonas y espacios territoriales en Chocó y Córdoba que fueron tomados por la fuerza por el ‘clan del Golfo’.Lo que estamos haciendo es entregarles esos territorios, legalizárselos al ‘clan’, suspendiendo órdenes de captura, incluso órdenes de captura con fines de extradición. Y uno de los aspectos más críticos es quién va a garantizar el voto libre en esas zonas.Por razones de constitucionalidad, de respeto al Estado constitucional de derecho y por lo que el país enfrenta de cara a las jornadas electorales y al desafío democrático, esperamos que el Consejo de Estado, más temprano que tarde, adopte las determinaciones correspondientes.¿Los mismos alegatos jurídicos aplicarían, por ejemplo, para las zonas de ubicación temporal que el Gobierno creó con las disidencias de ‘Calarcá’? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos casos?Las negociaciones diferencian los grupos. Hay organizaciones que tienen un pedigrí político, una historia subversiva —diluida, contaminada o dominada hoy por actividades de narcotráfico y otros delitos—, pero con una subyacencia política detrás.Pero hay otras estructuras, como el ‘clan del Golfo’, que son bandas criminales, delincuencia común de alto impacto, sin ningún subyacente político. Esa es una diferencia fundamental, porque frente a los grupos criminales de alto impacto no hay una conversación política: la ley aplicable es la de sometimiento a la justicia.Desde Catar, el Gobierno de Colombia y el autodenominado (a) EGC suscriben nuevos compromisos. Foto:Consejería Comisionada de Paz.La entrega de estos territorios y la legalización de los mismos, en mi concepto, no tiene precedentes en nuestra historia republicana, ni siquiera en épocas como las zonas de despeje del Caguán, que se dieron frente a grupos como las Farc, con una subyacencia política clara.El hecho de que recientemente le hayan dado el estatus de organización terrorista extranjera, ¿cambiaría su categoría de cara a las negociaciones de paz?Yo creo que es aún más grave que se esté conversando con una organización terrorista. La Corte Constitucional le puso límites claros al Gobierno y los sobrepasó.Yo vengo trabajando desde 2022 con mi equipo y con la Fundación Dilo en el tema del sometimiento, rechazando este tipo de propuestas. De hecho, tuve la oportunidad de decirle a Iván Cepeda en ese momento que una mirada así no solo es inconstitucional, sino inconveniente para el país.Y ahora mucho más, sobre todo en un escenario electoral en el que hay un movimiento muy fuerte que aboga por la recuperación del territorio, el orden jurídico y la seguridad, y otro movimiento —que hoy lidera las encuestas con el candidato Iván Cepeda— que plantea una filosofía de acogimiento y un trato casi político a estas bandas criminales. LEA TAMBIÉN Además, el proyecto de ley de sometimiento está congelado en el Congreso y varias entidades —como la Misión de Naciones Unidas y la Defensoría— han pedido incluso que sea retirado por falta de sustento constitucional.Sin la aprobación de esa ley, que radicó el exministro de Justicia Eduardo Montealegre y que generó polémica por las gabelas que ofrecía a capos de bandas criminales, ¿los espacios de diálogo sociojurídico que hoy tiene el Gobierno en ciudades como Barranquilla o Medellín quedarían sin marco normativo?Sí. No tienen un marco normativo ni un marco jurídico. El único marco existente es la legislación expedida hace cuatro o cinco años sobre sometimiento colectivo de bandas criminales, una legislación que estos grupos han rechazado porque lo que proponen es una especie de justicia política, un diálogo político con ellos.Y, a mi modo de ver, con bandas criminales no hay diálogo político: hay una conversación de sometimiento a la justicia, en la que puede existir generosidad en los beneficios. Desde 2022 nosotros no nos oponemos a que haya beneficios, como ocurre en otras democracias, en temas de entrega de bienes, delaciones, cooperación internacional y demás.Lo que no puede existir es una estructura transicional de perdón y olvido con bandas criminales de alto impacto, ni la entrega de territorios como se está haciendo hoy. Además, hay un anexo técnico —que he citado— que es confidencial. No sabemos qué está pasando: si han entregado armas, qué ocurre con las víctimas, cuáles son las condiciones, qué pasa con esas poblaciones.Gustavo Petro y el emir de Catar. Foto:PresidenciaEl propio Ministerio del Interior reconoce que hay 104 puntos del país con graves dificultades de orden público dominados por bandas criminales. A este ritmo, vamos a terminar entregándoles una parte significativa del territorio nacional.Usted fue abogado del presidente Gustavo Petro en temas electorales. ¿En qué momento empezó a distanciarse de su política de paz?Yo he tenido el privilegio de defender y asesorar a expresidentes, al presidente y a candidatos presidenciales, más allá de las ideologías, siempre en la defensa de sus garantías y de la ley en la que creo. Precisamente de eso se trata esta discusión: de la defensa de la ley y de las garantías. LEA TAMBIÉN Yo nunca me he acercado ni distanciado del presidente en términos de políticas públicas, porque no he hecho parte del Gobierno. Esta ha sido mi posición desde 2022. En 2022 y 2023 fuimos muy críticos frente a cómo se estaban planteando las propuestas legislativas de sometimiento.Si el Consejo de Estado no decreta la medida cautelar y no frena los efectos de esta resolución, ¿el Estado está en capacidad de garantizar los derechos humanos en esas zonas, como lo plantea la resolución, con la presencia de instituciones, entidades públicas y Fuerza Pública?Esa es una pregunta clave y creo que debe ser formulada directamente al Ejército y a las instituciones este jueves en el Plan Democracia. Se necesita un compromiso público, detallado y específico para esas zonas.La Registraduría viene ampliando puntos de votación de cara a las elecciones, pero no conocemos los anexos técnicos ni los detalles operativos. No pueden ser simples principios declarativos: tiene que haber compromisos concretos sobre qué va a pasar en esos territorios.De lo contrario, nos vamos a quedar en enunciados mientras, en la práctica, tendremos poblaciones donde los señores de la guerra tienen plena libertad. Y, en ese escenario, el voto libre estaría seriamente en riesgo.El Consejo de Estado estudia una demanda contra esta gabela Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia