Mientras la Corte Constitucional estudia el decreto de emergencia económica, con el que el Gobierno aumentó el IVA al trago, a las apuestas en línea y expidió otros impuestos, el Consejo de Estado decide si suspende o no el aumento del 23 % del salario mínimo, un proceso que ya ha tenido reveses por las amenazas recibidas contra el demandante.Aunque ya fue girada la primera quincena sobre este valor, que fijó la base en 2 millones de pesos más el subsidio de transporte, el alto tribunal corrió traslado a las partes para que envíen sus argumentos en el trámite de la medida cautelar que pide congelar el decreto por posibles efectos “irreversibles” en el aparato económico del país.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetEL TIEMPO accedió al expediente digital del proceso ante el Consejo de Estado, que el 13 de enero corrió traslado de la solicitud de suspensión temporal a la Presidencia y al Ministerio de Hacienda para que explicaran al alto tribunal por qué no se debería frenar el decreto mientras se decide de fondo.Les dio un plazo de cinco días, por lo que esta semana, con base en las pruebas remitidas, la Sala tendría que decidir. Pero el proceso ha sufrido tropiezos. El 15 de enero, el demandante radicó el desistimiento y el archivo definitivo del expediente. ¿La razón? Explicó que por la exposición mediática de la demanda ha recibido mensajes de odio y amenazas directas contra su vida y la de su familia. “En este contexto y considerando el ambiente de polarización y hostilidad que rodea el asunto en debate, manifestó que la continuación del litigio representa un riesgo real para él y su entorno, motivo por el cual decide desistir de sus pretensiones en aras de proteger a su núcleo familiar”, argumentó ante el Consejo de Estado. Y agregó que el desistimiento no implica una retractación de los alegatos de la demanda —que sostienen que el aumento del salario mínimo se fijó sin criterios técnicos serios—, sino la imposibilidad material de continuar el proceso por razones de seguridad.El decreto de salario mínimo entró en vigencia desde el 1 de enero. Foto:iStockEl 20 de enero remitió un nuevo escrito al tribunal reiterando las amenazas que continuó recibiendo en su contra. Sin embargo, el Consejo de Estado decidió continuar con el trámite porque la solicitud de desistimiento no ocurrió por motivos jurídicos sino por coacción. “No es posible acceder a dicha solicitud por cuanto el acto procesal no se originó en una manifestación libre y espontánea de la voluntad del accionante; por el contrario, se encuentra mediado por el apremio o la coacción derivada de presuntas amenazas contra su integridad personal y la de su familia como consecuencia de las noticias generadas por la admisión de la demanda”, señaló el alto tribunal en un auto publicado el 21 de enero.Eso sí, el magistrado ponente, Juan Camilo Morales, pidió a la Secretaría continuar anonimizando los datos, información personal y tarjeta profesional del demandante para garantizar su seguridad. La Sección Segunda también admitió otra demanda en contra del decreto que aumentó el salario mínimo y, dependiendo de su curso, pediría unificación de procesos.Gobernadores rechazan decreto de alza de licores Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia