El segundo decreto derivado de la emergencia económica, proferido por el Ministerio de Minas, aterrizó en la Corte Constitucional. EL TIEMPO conoció en primicia que fue asignado por reparto al magistrado Vladimir Fernández.Sobre el decreto ‘madre’, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de excepción el 22 de diciembre —en plena vacancia judicial—, hay una decena de solicitudes de suspensión, incluida la del magistrado ponente, Carlos Camargo.Vladimir Fernández, magistrado Foto:Archivo particularEl magistrado Juan Carlos Cortés, ponente del primer decreto reglamentario, que impuso el IVA del 19 % a las bebidas alcohólicas y apuestas en línea, por su parte, pidió la suspensión parcial que tumba este impuesto, pero salvaría los gravámenes directos como al patrimonio superior a 2.000 millones de pesos.La Sala Plena analizará ambas ponencias en las que se contempla estrenar la medida cautelar en el alto tribunal, creada en 2023 para congelar los efectos de actos abiertamente arbitrarios e inconstitucionales. Decreto de ‘aporte solidario de energía’El 21 de enero fue publicado el segundo decreto reglamentario, expedido por el Ministerio de Minas para “garantizar la continuidad del servicio de energía pública domiciliaria”, sobre todo en regiones críticas como el Caribe.La cartera justifica el documento en “una perturbación grave e inminente del sistema eléctrico, derivada de la acumulación de factores financieros, operativos y estructurales que han deteriorado la liquidez de varios agentes del mercado”. Corte Constitucional Foto:Corte ConstitucionalEsta situación ya venía siendo alertada por la Contraloría y la Procuraduría, que mostraron preocupación por la mora del Gobierno a los operadores en el pago de los subsidios a los estratos 1 y 2 de estos servicios.Para conjurar esta crisis de sostenibilidad energética, Minminas trasladó la presión financiera a los generadores, a quienes impuso nuevas cargas tributarias. El decreto contempla el ‘aporte solidario’ que deberán pagar, de manera transitoria, algunas empresas del sector, recursos que irán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para respaldar a las empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio.Este aporte fue cuestionado en el gremio por la uniformidad del impuesto, al no diferenciar entre compañías grandes o pequeñas, ni sus condiciones financieras, lo que terminaría golpeando con mayor fuerza a los actores más pequeños.Con la pelota en la Corte, el magistrado Fernández tendrá que decidir si se alinea a sus colegas de Sala y pide una suspensión o suspensión provisional de este decreto, mientras avanza la discusión de si la emergencia económica respondió a hechos imprevistos, como ordena la Constitución.EL caso del profesor asesinado y la línea 2 del Metro Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia