A menos de una semana de conocerse la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y en un contexto en el que policías y soldados dedicados a labores de erradicación de coca han sido víctimas de secuestros y ataques en medio de asonadas promovidas por los grupos ilegales, el presidente Gustavo Petro abrió una puerta que sorprendió porque representaría un giro radical en su posición frente a la lucha antinarcóticos: el eventual regreso de las fumigaciones aéreas de las siembras ilegales.A través de su cuenta de X, al condenar el secuestro de 45 soldados en la operación por recuperar el estratégico cañón del Micay, en el Cauca, el jefe de Estado escribió: “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.Con cifra de 2023, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró 253.000 hectáreas de coca. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOEn la última década, la aspersión –que fue la punta de lanza de la estrategia antinarcóticos al menos desde finales de los 80– quedó proscrita del arsenal colombiano contra el narcotráfico como efecto de varias sentencias de la Corte Constitucional que prohibieron su uso por las denuncias de graves daños ambientales y posibles afectaciones en la salud de las comunidades expuestas al químico.Esa posición fue recogida también en el Acuerdo de Paz del 2016, en el que el gobierno Santos y las Farc acordaron que la fumigación solo sería usada cuando las condiciones de seguridad y orden público hicieran inviables los programas de erradicación manual. Para ese momento la aspersión aérea con glifosato ya estaba suspendida a través de las resoluciones 006 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y 1214 de 2015 de la Anla. LEA TAMBIÉN Con 253.000 hectáreas de coca al 2023 (la extensión más alta en la historia), con la producción potencial de cocaína disparada a niveles históricos (más de 2.600 toneladas, según Naciones Unidas) y con los niveles de erradicación en mínimos (menos de 5 mil hectáreas en todo el año), el regreso de la fumigación es una medida que se viene reclamando desde varios sectores. Empezando por la Casa Blanca, que claramente ha expresado que no le basta que Colombia rompa año a año los registros de incautación de cocaína si al tiempo las narcosiembras –y por lo tanto, la producción– siguen creciendo sin control en el territorio nacional.Además de los ‘bloqueos sociales’ contra las brigadas de erradicación, los grupos criminales siguen cobrando vidas entre los miembros de la Fuerza Pública asignados a esa tarea. Los 13 policías asesinados hace tres semanas en Amalfi, Antioquia, hacen parte de ese listado.Con corte a julio de este año, se han erradicado 3.600 hectáreas de coca. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPODe cara al deterioro del orden público, a la expansión de la coca y a la instrumentalización de comunidades que son funcionales a las rentas criminales, el regreso de la fumigación se ve como una opción que podría volver a considerarse, pese a la inicial posición de Petro en contra. De hecho, el Gobierno también tuvo que reconsiderar el uso de bombardeos contra las grandes estructuras criminales. Por dos años, el uso del máximo poder de guerra del Estado fue desechado por la Casa de Nariño, pero la crisis de la ‘paz total’ y el crecimiento del poder de los ilegales forzaron el regreso, restringido, de las llamadas ‘operaciones beta’.A menos de 11 meses del final de su mandato, ¿tiene el Gobierno margen de maniobra para volver a las fumigaciones? En la sentencia del 2017, con base en el principio de precaución, la Corte ordenó explorar formas alternativas de erradicación y sustitución de cultivos y dio estrictos parámetros para el eventual uso de fumigaciones aéreas: delimitar claramente las zonas de aplicación, certificar que sus efectos no sean perjudiciales para el ambiente y la salud, establecer la temporalidad del programa y realizar consulta previa en territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas o campesinas. LEA TAMBIÉN En el 2019, en un pronunciamiento clave, la Corte aclaró que el requisito que se consideraba insalvable –la existencia de estudios que demostraran la no afectación de la vida humana y animal y del ecosistema– no tenía esos alcances. “Esa evidencia científica no equivale a demostrar que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño”, dijo el alto tribunal. Y agregó que la decisión de volver a fumigar no depende de su permiso sino que es competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo adscrito al Ministerio de Justicia.Así, en teoría, el Gobierno podría volver a fumigar sin pasar por el permiso previo de la Corte. Pero en la práctica ese paso es mucho más complejo. De hecho, el gobierno Duque intentó reactivar la fumigación en seis núcleos de operación que abarcaban 104 municipios en 14 departamentos, con una molécula menos concentrado, pero una tutela revisada por la misma Corte la frenó porque no hubo consulta previa (sentencia, la T-413 de 2021).Cultivos de coca. Foto:AFPSegún la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, “la aspersión aérea con glifosato, entre otras medidas, ya está decantada en la Corte Constitucional, que le reconoce al Gobierno Nacional la potestad de aplicarla, pero con ciertas limitaciones: no puede hacerse todos los días, ni en todos los territorios. Se deben mitigar los daños en salud, identificar cuáles son esos impactos para poder atenderlos y, además, controlar los efectos sobre el medioambiente”. Buitrago advierte que “partiendo de que buena parte de los cultivos ilícitos están en zonas de manejo especial (como parques nacionales y resguardos) automáticamente existe la limitante de la consulta previa”. LEA TAMBIÉN Por su parte, Ana María Rueda, coordinadora de la línea de investigación de cultivos ilícitos de la Fundación Ideas para la Paz, señaló: “El presidente Gustavo Petro puede hacer anuncios sobre retomar la aspersión, pero legalmente no puede hacerlo en el corto plazo, pues debe demostrar que los criterios que la Corte Constitucional impuso en la sentencia de 2017 se están cumpliendo. Hay organizaciones de la sociedad civil que están preparadas para interponer las demandas y tutelas correspondientes para frenar esta acción”.En términos logísticos también hay limitaciones. EL TIEMPO conoció por fuentes de las Fuerzas Militares que parte de la flotilla usada para asperjar fue readaptada para atender incendios forestales.#Colombiaen5minutos Foto:Además, con el cuatrienio a punto de terminar, los tiempos resultan muy ajustados para abrir y adjudicar una licitación que permita contratar la compra de glifosato y otros elementos operativos. Actualmente solo existe un contrato vigente para aspersión terrestre, con el que se buscaba erradicar 20.000 de las 30.000 hectáreas de la meta de 2025.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
